El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, le pidió al secretario parlamentario un estudio pormenorizado de las leyes secretas y reservadas que fueron sancionadas desde 1891 a 1983, con el objetivo de plantear a la Cámara baja la publicación de las mismas. El pedido viene a cuento del debate que se abrió en el ámbito parlamentario por las leyes que, supuestamente, dejaron paso al pago de sobresueldos, denunciado ya por una decena de ex funcionarios.

Camaño encomendó al secretario parlamentario, Eduardo Rollano, un estudio de las leyes secretas sancionadas desde 1891 a 1983, al aclarar que "no consta legislación de ese tipo en el período de 1983 a 2005". De esta forma, el titular de la Cámara baja recordó que desde el advenimiento de la democracia no se sancionaron en el Congreso de la Nación leyes secretas, que habrían permitido el pago de presuntos sobresueldos durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.

Fuentes parlamentarias anticiparon que Rollano ya tendría bastante avanzado ese trabajo y que lo daría a conocer en las próximas horas.

Lo cierto es que la Cámara baja se convertirá en la caja de resonancia del escándalo de los sobresueldos, puesto que allí se comenzará a debatir si hay leyes secretas. Es que pese a la oposición del Gobierno, que no quiere desclasificar las leyes secretas, las autoridades de la Cámara baja ya manifestaron su intención de estudiar el tema e incluso plantearon la posibilidad de publicarlas.

Si bien las denuncias originales -disparadas por María Julia Alsogaray- se refieren al pago de sobresueldos durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en el caso de la Cámara baja se apunta al período en que gobernó Eduardo Duhalde (2002-2003).

La denuncia corrió por cuenta del abogado Ricardo Monner Sanz, quien se basó en declaraciones de algunos diputados del kirchnerista Grupo Talcahuano, que el ex gobernador de Mendoza y ex diputado nacional por el PJ Arturo Lafalla reflotó en los últimos días. En esa causa se indicó que varios diputados peronistas repartían y cobraban sobresueldos, algo que generó mucho nerviosismo en la Cámara baja.

En rigor, la denuncia que volvió a ventilar Lafalla motivó en su momento la apertura de una causa judicial que más tarde fue cerrada, pero que la Cámara Federal porteña ordenó reabrir, aunque nuevamente fue archivada por decisión del juez Claudio Bonadío.

En los últimos días, Roggero volvió a rechazar las acusaciones en su contra y dijo que durante su gestión al frente del bloque de diputados del PJ -entre septiembre de 1997 y noviembre de 2002- no recibió "fondos destinados al pago de sobresueldos".

Según analizaron fuentes cercanas al Grupo Talcahuano -que comenzó perder consistencia por su "apoyo crítico" al Gobierno- el dinero que según aseguran se ofreció como sobresueldo puede haber provenido "de fondos reservados de la SIDE o de las asignaciones mensuales que recibe el bloque".

De acuerdo con el reglamento del Congreso, los bloques reciben una suma fija por cada diputado para gastos de la bancada. Además, los diputados gozan -también por reglamento- de una especie de plus salarial que deviene de los catorce pasajes para vuelos de cabotaje que reciben mensualmente.

Al finalizar el mes, los "tramos aéreos" (pasajes sin fecha ni destino predeterminado) que no utilizaron pueden canjearse por dinero a razón de 200 pesos cada uno, pero eso queda registrado.