El oficialismo logró, después de varios fracasos, aprobar el proyecto de ley para desfederalizar la investigación judicial del tráfico de drogas a menor escala y lo devolvió al Senado.
Una hora y media después del horario previsto para reiniciar el debate, el PJ logró el quórum necesario -que no había reunido el miércoles pasado-, y cinco minutos más tarde el titular del cuerpo, el duhaldista Eduardo Camaño, sometió a votación el proyecto. Con 111 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, el oficialismo dio respuesta al insistente pedido del gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien desde el año pasado reclamó la sanción de la iniciativa.
Fue el tercer intento que realizó el justicialismo para aprobar la iniciativa que reclama el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Felipe Solá, quien sostiene que la norma servirá para controlar la venta de pequeñas cantidades de drogas en kioskos o negocios habilitados en otros rubros. De todos modos, el proyecto -al que las provincias pueden adherirse o no- fue enviado al Senado en revisión, donde se deberán aceptar o rechazar los cambios introducidos por los diputados.
El proyecto contó con la resistencia del radicalismo y de los bloques de centroizquierda que habían pedido semanas atrás la vuelta a comisión de la iniciativa reclamada por Solá y el ministro de Seguridad, León Arslanian, quiénes concurrieron varias veces al Congreso para pedir la aprobación de la norma. Por eso, el justicialismo debió recurrir a sus aliados de los bloques transversales y algunos diputados de partidos de centroderecha para lograr aprobar finalmente la iniciativa.
Mientras dentro del recinto los peronistas se preparaban para votar, los radicales, aristas y socialistas esperaban en el Salón de Pasos Perdidos a que los justicialistas reunieran el quórum, porque no querían favorecer la sanción de esa iniciativa.
En la sesión, el radicalismo volvió a plantear a través del titular del bloque de diputados, Horacio Pernasetti, la vuelta a comisión del proyecto, al ratificar el rechazo de la UCR a la iniciativa.
Desde el justicialismo, el encargado de defender la iniciativa fue el diputado por Córdoba, Guillermo Johnson, vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, quien sostuvo que la norma "va a redundar en una mejor justicia y contribuirá a ampliar la capacidad de respuesta judicial".
Johnson, ex juez y especialista en derecho penal, explicó que entre los cambios realizados a la norma, los diputados suprimieron el artículo que entendía que "la reducción de la pena de prisión para casos de entrega de estupefacientes de escasa cantidad se podría convertir en aliciente para la captación de los consumidores".
El proyecto había sido rechazado por varios especialistas que concurrieron el año pasado al Congreso, en el marco de un plenario de comisiones, donde se mostraron en contra de la iniciativa, al advertir que la norma permitiría la superposición de jurisdicciones y alargaría de esa forma los procesos.
La modificación a la ley 23.737 fue rechazada por los jueces, fiscales y especialistas en derecho penal que fueron consultados por las comisiones parlamentarias que analizaron la iniciativa.
