El debate en la Cámara de Diputados sobre el acta acuerdo que firmó el Gobierno con Edelap estuvo cruzado por acusaciones de corrupción, pago de coimas y negocios poco claros entre funcionarios y empresarios, que formularon legisladores opositores.
Si bien la acusación más dura fue formulada por el socialista Héctor Polino, la arista María América González y el economista de la CTA Claudio Lozano también pusieron en duda la transparencia de los objetivos de la Carta de Entendimiento, que sería utilizada por el Gobierno como modelo para renegociaciones futuras.
"Llamo a la reflexión a los diputados justicialistas, que pertenecen a un partido popular, para que mediten bien antes de votar afirmativamente esta acta, porque esta cuestión no termina aquí, también va a ir a los tribunales penales", dijo Polino, quien insistió en gritar que "aquí hay corrupción, sin corrupción esta acta-acuerdo no sería posible, como tampoco serían posibles otras actas-acuerdo".
El bloque oficialista reaccionó con indignación y fue Graciela Camaño quien sostuvo que "es grave que quiera asimilar esto con el tema de la Banelco", dijo Camaño al referirse al denunciado pago de coimas en el Senado durante la administración aliancista para aprobar la flexibilización laboral.
"Como no me quiero ver involucrada en ninguna Banelco, le voy a pedir al diputado Polino que se retracte de lo que ha dicho porque eso nos compromete a nosotros y si tiene prueba tiene la obligación de acudir a la justicia", remarcó Camaño, quien pidió una "cuestión de privilegio", que -en el caso de ser aprobada por el cuerpo-, debe ser analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el peronista salteño Juan Manuel Urtubey.
Las acusaciones también corrieron por parte de la arista González, quien señaló que el documento que llegó al Congreso "no cumplió los mínimos requisitos de procedimientos" porque no fue suscripto por los ministros y consideró que "ni (Roberto) Lavagna ni (Julio) De Vido firmaron porque tienen miedo que después les hagan juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público". Además, señaló que la titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alessandra Miniccelli, que debe analizar el texto y controlar a los organismos del Estado "es la esposa" del ministro de Planificación Federal, De Vido.
"En la SIGEN está la esposa de De Vido. De Vido le debe decir a su mujer, cuando llega a la casa, 'este es un negocio, negocio, porque la valijita no va a alcanzar'", ironizó González.
Lozano dijo que "resulta extraño entender por qué el bloque justicialista quiere votar esto cuando los propios funcionarios de la provincia involucrada en esta cuestión han dicho que esto no sirve".