El Congreso aprobó el acuerdo provisorio suscripto entre la distribuidora EDELAP y el Poder Ejecutivo Nacional, que el Gobierno pretende convertir en caso testigo para el resto de las renegociaciones con las empresas del sector eléctrico.
El acuerdo -que ya tenía media sanción del Senado- quedó ratificado definitivamente por la Cámara de Diputados con el respaldo del justicialismo y algunos aliados transversales, pero fue rechazado por un amplio arco opositor, encabezado por el radicalismo, el ARI, el socialismo, el adolfismo y la izquierda.
La iniciativa fue aprobada por 118 votos contra 56 y 10 abstenciones, luego de más de 7 horas de sesión, y en el marco de una fuerte polémica entre los diputados del oficialismo y la oposición, quiénes realizaron enfáticos discursos para exponer su rechazo al acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo y EDELAP.
En la Carta de Entendimiento, cuyo contenido ya fue aprobado en el Senado y es reclamado por el Poder Ejecutivo, la empresa se compromete a suspender la demanda que presentó contra el Estado ante en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) y el Estado le perdona las multas a cambio de que realice inversiones.
El debate comenzó una cerrada defensa de la política oficial por parte del PJ, que realizó el santafesino Gustavo Marconato, al sostener que el acuerdo transitorio fue "razonado y razonable" y defendió al aumento tarifario al indicar que "fue el único precio que no tuvo ningún tipo de variación" desde la salida de la convertibilidad.
"Se tuvo en cuenta la distribución del ingreso, los planes de inversión, el interés del usuario, la accesibilidad de los servicios, la seguridad del sistema y la rentabilidad de la empresa", agregó Marconato.
El oficialismo fue acompañado, entre otros, por el macrista Federico Pinedo, quien defendió a las privatizadas al destacar que "a partir de la regulación del mercado eléctrico hubo una inversión de 12 mil millones de dólares" y señalar que "entre 1992 y 2001 la mejora en la calidad del servicio fue del 70 por ciento".
La propuesta oficial fue rechazada abiertamente por legisladores del Interbloque Provincias Unidas, radicales, aristas y socialistas, e incluyó una denuncia por "corrupción" y "pago de coimas" por parte del diputado Héctor Polino.
Por su parte, la radical de Córdoba Silvina Leonelli se quejó porque el acuerdo temporal con Edelap permitirá que la empresa no cancele sus multas por incumplimiento del servicio sino que destine ese dinero a la inversión. Señaló también que "se refinanciarán las multas por 10 millones de pesos a 10 años, van a pagar la primera cuota en junio del año que viene".
"Las multas son patrimonio del Estado y de los usuarios, a los que se prestó un mal servicio, y resulta que la empresa compensa multas con inversión. La empresa hace inversiones con plata de Juan Pueblo y del Estado. Esto es una barbaridad. Con esto Edelap no aporta absolutamente nada", enfatizó Leonelli.
"Es la continuidad del mismo esquema de la década del 90. Donde hubieron desmedidos privilegios para las empresas en perjuicio de los usuarios", dijo y agregó que "esta historia ya la conocemos y Kirchner hace más de lo mismo".
Desde el ARI, la diputada María América González denunció que la firma del acuerdo entre el Gobierno y la privatizada es un "negocio" y responsabilizó por esto "al ministro de Planificación, Julio De Vido", y a la titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) -y esposa del funcionario-, Alessandra Miniccelli".
Aprobaron la desfederalización de delitos menores con narcotráfico
El oficialismo logró, después de varios fracasos, aprobar el proyecto de ley para desfederalizar la investigación judicial del tráfico de drogas a menor escala y lo devolvió al Senado.
