El oficialismo deberá aguardar de todos modos hasta el 1 de junio para debatir esta iniciativa en el recinto de sesiones porque no pudo alcanzar un acuerdo con el radicalismo, que reclama que también se levante el secreto fiscal, rechazado por el titular de la AFIP, Alberto Abad.

La sanción de esta iniciativa es crucial para el Gobierno para no tener un nuevo informe negativo del Grupo de Acción Financiero Internacional cuando se reúna en junio, dado que estos reportes son tenidos en cuenta por los organismos multilaterales de créditos a la hora de negociar nuevos préstamos. Por eso, el justicialismo impulsó un dictamen que levante el secreto bancario y bursátil ante el requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), y limita el levantamiento fiscal a que la denuncia sobre lavado de dinero provenga de la AFIP.

Hasta ahora, la Unidad de Información Financiera debe recurrir a la Justicia para que se proceda al levantamiento del secreto bancario, bursátil o fiscal.