Diputados opositores fracasaron, por falta de quórum, en su intento por realizar una sesión especial, con el fin de debatir un proyecto que deroga los decretos dictados por el ex presidente Carlos Menem de indulto a ex jefes militares.
Un grupo de legisladores -encabezados por Patricia Walsh de Izquierda Unida- impulsaron el tratamiento de la anulación de los decretos de indulto, pero como sucedió en otras oportunidades solo pudieron reunir una veintena de los 129 diputados necesarios para habilitar el debate.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, decidió levantar la sesión cuando había pasado la media hora reglamentaria al comprobar que no se iba a poder el reunir el quórum reglamentario por la ausencia de los partidos mayoritarios.
Los diputados que participaron de la sesión especial fueron Patricia Walsh -autora de uno de los dos proyectos de derogación de los indultos-, y los diputados del ARI Eduardo Macaluse, Marcela Rodríguez, Alberto Piccinini, Fabian Di Nuccio, Marta Maffei, y Susana Garcia
La única radical que estuvo presente fue la vicepresidente de esa bancada, Margarita Stolbizer, mientras que el Partido Justicialista tuvo como único representante a Gerardo Conte Grand, quien se ha distanciado del oficialismo y se sumó al Grupo Parlamentario de Centroizquierda.
También concurrieron los socialistas Ariel Basteiro, Alicia Castro (Frente para el Cambio), Lucrecia Monteguado (Partido Instransigente), Mario Cafiero (Soberanía Popular), Claudio Lozano (CTA), y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad).
La diputada Patricia Walsh insistió que se tiene que debatir la anulación de los decretos de indultos porque "el Poder Ejecutivo no podía disponer los indultos porque se trata de delitos de lesa humanidad".
"Si bien la Corte Suprema va a analizar la inconstitucional de los decretos de indultos, van a seguir vigente, y por eso nosotros seguiremos reclamando su anulación porque mantenerlos en vigencia significa estar violando pactos internacionales".
Se trata de un proyecto que busca declarar "insanablemente nulos" los decretos firmados por Menem, al considerar que esas medidas "carecen de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penal, administrativa, penal y militar emergentes de los hechos que ellos pretendieron cubrir.
