La Cámara de Diputados definió un cronograma para tratar los nuevos contratos para las terminales portuarias y las autopistas metropolitanas, con el objetivo de evitar su aprobación automática como consecuencia del vencimiento del plazo para tratarlos.
Por ley, el Congreso tiene 60 días para votar los nuevos acuerdos con las privatizadas. De lo contrario, quedan mecánicamente aprobados.
El plazo concluye el próximo 10 de junio. A pesar de las objeciones internas, el Justicialismo quiere respaldarlos con la fuerza de una ley para evitar un antecedente negativo, tanto político como jurídico.
El nuevo acuerdo con las terminales portuarias enfrenta la mayor cantidad de críticas, en especial porque mantiene las tarifas dolarizadas. La oposición, como lo planteó la radical Silvia Leonelli y la arista María América González, consideran que la decisión alimenta los argumentos de las demandas de las privatizadas ante el tribunal internacional del CIADI, donde sostienen que el gobierno argentino las perjudicó con la pesificación.
El oficialismo, en cambio, afirma que las terminales portuarias cuentan con un régimen diferente, ya que su negocio se rige por el mercado libre de cambios que regla las transacciones del comercio exterior.
La comisión aprobó el acuerdo la semana pasada, aunque los diputados justicialistas Graciela Camaño, Hugo Toledo y el senador Marcelo López Arias plantearon disidencias.
El cronograma previsto por el Justicialismo prevé emitir dictamen de los contratos con las autopistas el martes próximo. Los acuerdos con los concesionarios de las autopistas del Sol (Norte) y del Oeste proponen aumentos en los peajes del orden del 15 por ciento.
Al día siguiente, en la sesión del primero de junio, el PJ pretende aprobar en la cámara baja el acta firmada con las terminales portuarias.
Por último, al borde del vencimiento del plazo, la intención es sancionar los contratos con las autopistas en la sesión del 8 de junio.
