El justicialismo de la Cámara de Diputados intentará sesionar hoy para debatir el proyecto que amplía los controles sobre el lavado de dinero proveniente de actividades terroristas y remueve las trabas del secreto bancario y bursátil pero mantiene el secreto fiscal.
Sin embargo, la realización de este plenario está atada al encuentro que mantendrán hoy mismo los integrantes del bloque justicialista primero y, después, a la decisión que adopten los presidentes de bancada en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el mediodía.
La iniciativa -que modifica la ley 25.246- fue reclamada por la Unidad de Investigación Fiscal (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia, con el doble objetivo de enfrentar el lavado de dinero y de resolver un problema de política internacional.
En el caso de que el proyecto -que fue redactado por el titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jorge Arguello- se convierta en ley, la UIF podrá requerir a los bancos u operadores de bolsa que les informen sobre los movimientos financieros de sus clientes.
El debate del proyecto generó fuertes cruces con la oposición, debido a que el oficialismo no aceptó el planteo formulado por el radicalismo que había pedido levantar además el secreto fiscal, punto que fue rechazado por el titular de la AFIP, Alberto Abad. Por eso, el justicialismo impulsó un dictamen para levantar el secreto bancario y bursátil ante el requirimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) pero limita el levantamiento fiscal a que la denuncia sobre lavado de dinero provenga de la AFIP.
Actualmente, la Unidad de Información Financiera debe recurrir a la Justicia para que se proceda al levantamiento del secreto bancario, bursátil o fiscal. Entre sus puntos centrales, el proyecto establece la eliminación de las "excusaciones absolutorias" estipuladas en el Código Penal, que permite a familiares y amigos de los responsables de lavado aludir las penas de encubrimiento cuando participen de las maniobras.
El texto que analizarían los diputados incluye un capítulo sobre el secreto fiscal, que dejaría de ser tal para el organismo de la cartera de Justicia.
Esta adecuación de la legislación vigente es reclamada, a través de la UIF, por el Gobierno nacional para evitar una cuarta sanción del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales).
Hasta el momento, el país recibió tres sanciones por parte del organismo internacional, pero si antes de junio no avanza en la modificación de la ley recibirá una nueva reprimenda.