Diputados opositores de diferente extracción política no lograron reunir el quórum para la sesión especial que había convocado el radicalismo para debatir los acuerdos provisorios renegociados entre el Gobierno nacional y las concesionarias de puertos y autopistas.
La convocatoria fue realizada para evitar que los acuerdos queden sancionados de hecho al vencer hoy el plazo para su tratamiento establecido por la Ley 25.790, que le da al Congreso 60 días desde que el Poder Ejecutivo le envía los acuerdos renegociados para rechazarlos o convalidarlos.
El Senado también ratificó el acta-acuerdo que mantiene la dolarización de las tarifas de las cuatro terminales del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que según los legisladores opositores "complicará la defensa de la Argentina" ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Los opositores no dejaron de marcar que la profunda interna que divide al PJ bonaerense se coló, una vez más, en el debate parlamentario, que se expresó en la multiplicidad de opiniones de los peronistas respecto de continuar con las tarifas portuarias dolarizadas.
El dictamen de mayoría fue rechazado por la senadora duhaldista Mabel Muller, mientras que los diputados peronistas bonaerenses Graciela Camaño y Hugo Toledo consideraron que el Congreso no debe expedirse sobre el tema. "No queda claro la discusión de Partido Justicialista que le impide estar aquí", dijo el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano. Agregó que "Carlos Menem y Eduardo Duhalde mantuvieron la dolarización de las tarifas, que ahora se continúa con Néstor Kirchner, por eso no se entiende cuál es la discusión interna".
En el recinto estuvieron 55 legisladores radicales, socialistas, aristas, y peronistas que responden al puntano Adolfo Rodríguez Saá, junto a Lozano, Mario Cafiero, Patricia Walsh y representantes de la centro-derecha como Alberto Natale y Guillermo Alchouron, entre otros.
"Venimos a denunciar la maniobra urdida por el PJ para impedir que esta Cámara pudiera expedirse", subrayó la diputada radical María Leonelli, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Delegadas al Poder Ejecutivo. "Aquí existieron maniobras de parte de funcionarios -agregó- y se expresaron intereses económicos muy fuertes que complicaron todo".
Tanto Leonelli como los diputados Walsh y Héctor Polino calificaron de "dudosa legalidad" la ley que permite la ratificación automática del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las privatizadas y subrayaron que "viola el artículo 82 de la Constitución Nacional", que establece que el Congreso debe expedirse respecto de este tipo de negociaciones.
Polino advirtió, además, que "se le está entregando, en bandeja de plata, un argumento a las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI" por la pesificación de las tarifas.
En el mismo sentido se expresó el macrista Federico Pinedo al señalar que "la posibilidad de que algunas empresas puedan cobrar sus tarifas en dólares y otras no, va a llevar a perder las demandas" internacionales.
