Se trata de una empresa que había sido dejada a la deriva en 1999 por Indarsa -grupo económico que había quedado a cargo de su administración cuando el astillero fue privatizado en 1991-, pero que la Sindicatura dejó a cargo de los empleados jerárquicos, y que desde hace tres años el astillero "está dando ganancia".

El proyecto, que propone su reestatización y ya cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, fue impulsado por el titular del cuerpo, Eduardo Camaño, y los diputados peronistas Oscar Lamberto y José Antonio Romero.

"Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación, la totalidad de los títulos representativos del capital social emitidos por Tandanor y que se encuentran en el activo patrimonial de Inversora Dársena Norte SA (Indarsa)", se indicó en el primer punto del proyecto. Además, se precisó que "los bienes de la sociedad cuyos títulos se expropian serán destinados por el Estado Nacional al desarrollo de todas las actividades de la industria naval y de sus actividades conexas, pudiendo hacerlo de modo asociativo con el sector privado, siempre que se preserve la mayoría del capital y de la capacidad de decisión a favor del Estado".

Existe también un segundo proyecto, que aún no fue tratado en comisiones, que propone la creación de Astilleros Argentinas Sapem (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria) y mediante ese cambio de figura, el Estado quedaría con el 51 por ciento de la empresa y el otro 49 por ciento sería de capital privado.

Según lo previsto, el primer proyecto debería haberse tratado en la sesión del miércoles pasado, que no se hizo, pero la intención de su inclusión provocó tal revuelo en la reunión de Labor Parlamentaria que -sumado a la profunda interna del PJ- el oficialismo prefirió dejar el tema para otro momento.

Sucede que ambos proyectos -impulsados por los mismos diputados- se hicieron sin consultar a los trabajadores que lograron mantener la empresa en funcionamiento, pese a la crisis económica que estalló en diciembre de 2001.

No se trata de una empresa "recuperada por sus trabajadores", sino que ellos administran la firma porque la Sindicatura que está a su cargo consideró que lo mejor sería que los empleados -que conocen el mercado- garantizaran la continuidad del negocio.

Entre los diputados que se opusieron a que el proyecto de reestatización se tratara en el recinto se encuentran el peronista Humberto Roggero y Patricia Walsh, de Izquierda Unida, quien se mostró "a favor de recuperar el patrimonio, pero hay que escuchar a los trabajadores y también conocer un poco más sobre una de las privatizaciones más corruptas de la década pasada".

"Hay que convocar a los trabajadores y al comité de acreedores antes de tomar una decisión", dijo Roggero durante la reunión de la Comisión de Presupuesto realizada el miércoles pasado, y advirtió: "No hay que escindir las leyes, ni hay que votar el proyecto de declaración de utilidad publica sin contemplar la situación en especial de los empleados y su futuro laboral".