La polémica por la eventual anulación de los indultos se reavivará esta semana en la Cámara de Diputados, en una sesión especial convocada para hoy por sectores de izquierda para tratar la derogación de esa medida que benefició a los responsables del terrorismo de Estado.
De todos modos, el gobierno ratificó su posición de que el camino "más idóneo" para lograr la anulación de los indultos es la vía judicial, según explicó en primer lugar el ministro de Justicia, Horacio Rossati, quien entregará esta semana un informe sobre este tema al presidente Néstor Kirchner. Este a su vez se pronunció a favor de que sea "la Justicia" la que hable sobre los indultos y, en declaraciones formuladas en Rosario poco después del acto por el Día de la Bandera, evitó expresar su opinión personal sobre estas normas para evitar que digan que interfiere "en los (demás) poderes" del Estado.
La discusión se dará en el Congreso a sólo una semana de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue celebrada por autoridades del Ejecutivo y por representantes de organismos de derechos humanos.
En este marco, los legisladores quieren debatir hoy a las 14 en una sesión especial, la anulación de los decretos firmados en la década del 90 por el entonces presidente Carlos Menem, que beneficiaron a más de 200 militares acusados de violaciones a derechos humanos durante la última dictadura.
La necesidad de avanzar en torno a los indultos -que beneficiaron a altos jefes militares- luego de anuladas las denominadas leyes de la impunidad -que alcanzaron a las líneas intermedias- fue planteada días atrás por el titular del Ejército, Roberto Bendini; por el ministro de Defensa, José Pampuro; por Rosatti; y por el ex presidente Raúl Alfonsín.
En el Congreso -específicamente en la Cámara de Diputados- la derogación de los indultos fue debatida ya sin éxito en tres sesiones especiales siempre realizadas en minoría: una de ellas fue el 23 de mayo de 2004, y las otras el 22 de marzo y el 22 de mayo de 2005, todas pedidas por Patricia Walsh (Izquierda Unida).