La Cámara de Diputados se encamina a debatir esta semana un proyecto de ley que otorga mayores atribuciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para combatir la evasión previsional, y habilita a la Justicia a imponer hasta 6 años de prisión a quienes no cumplan con estos aportes.
La iniciativa también contempla la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias las remuneraciones del personal doméstico, con el objeto de terminar con el trabajo en negro de la mayoría de las empleadas que cumplen sus tareas en casas de familia.
El justicialismo procurará que esta iniciativa figure como primer tema de la agenda que se debatirá en la sesión del jueves, que había sido prevista en principio para el miércoles, pero fue corrida porque para ese día el personal legislativo convocó a una huelga.
La diputada del justicialismo, Graciela Camaño, dijo que la intención del oficialismo es poder tratar las iniciativas de seguridad social y de creación del registro de sociedades de acciones, que fue sancionado con modificaciones por el Senado, pero que se insistirá con el texto original de Diputados.
La sanción del proyecto sobre seguridad social, parte del paquete antievasión, es reclamada por el Ministerio de Economía, y el justicialismo decidió ahora impulsar su debate tras conciliar las diferencias que existen sobre la propuesta oficial. El proyecto del Ejecutivo otorga nuevas facultades a la AFIP, que sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos a los pagos de la seguridad social, para disminuir la alta morosidad que existe en la actualidad.
El titular de la AFIP, Alberto Abad, informó que durante el período enero-mayo de este año fueron observadas por morosidad en los aportes laborales 265 mil empresas por un total de 267 millones de pesos, sobre 469 mil compañías investigadas.