El Senado convirtió en ley el proyecto que establece la desfederalización de la investigación judicial de los delitos vinculados con estupefacientes a menor escala, una norma impulsada políticamente por el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.
La aprobación del proyecto, que había sido modificado por la Cámara de Diputados, se produjo con el voto positivo de 35 senadores, mientras que dos lo rechazaron y otros dos se abstuvieron.
El Senado no aceptó ninguna modificación de la Cámara de Diputados y aprobó el proyecto por 35 votos a favor, dos en contra (el socialista santafesino Rubén Giustiniani y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez) y dos abstenciones (el cordobés del Partido Nuevo, Carlos Rossi, y el tucumano Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana).
Para destrabar esta oposición, el Ejecutivo bonaerense realizó una fuerte presión: Solá concurrió en varias oportunidades al Congreso -al igual que su ministro León Aslanian-, al tiempo que denunció que la droga "perfora el conurbano" bonaerense.
A la hora de presentar el proyecto, la presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero, defendió el proyecto del Senado por considerarlo de mejores condiciones técnicas. También reclamó la sanción de la ley su autora original, la bonaerense Mabel Muller, quien sostuvo que la provincia de Buenos Aires "necesita esta Ley por una cuestión de seguridad".
La frepasista porteña, Vilma Ibarra, recordó que no estaba a favor de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, pero reconoció que el proyecto del Senado "era menos peor que el de Diputados".
El artículo primero de la norma establece que cuando la "entrega, suministro o facilitación (de la droga) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión".
El segundo artículo señala que "los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo".
Al respecto de este artículo, los miembros de la bancada mayoritaria reiteraron que el titular de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, José Roberto Granero, se comprometió a informar la cantidad de dosis prevista para cada tipo de droga. Además, la Ley indica que la Justicia Federal intervendrá en cuando la causa tuviese conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero", y en "caso de duda sobre la competencia".