La Comisión Cromañón recomendó el juicio político a Ibarra

El grupo legislativo dedicado a investigar la tragedia del boliche de Once dictaminó que el jefe de Gobierno incurrió en mal desempeño de sus funciones.

La información había trascendido ya el jueves y se confirmó con la lectura del informe por parte de la titular de la comisión, Fernanda Ferrero.

El durísimo dictamen señala que "se promueve el enjuiciamiento (de Ibarra) por mal desempeño de su función ejecutiva, configurada por falta de servicios a su cargo, que fueron concurrentes para que se produjera el desastre", remarcaron los legisladores que hoy presentaron el dictamen final de la comisión.

La comisión, que leyó el dictamen en un salón de la Legislatura frente a un grupo de familiares de víctimas de la tragedia, encuadró las responsabilidades de Ibarra bajo la figura de "falta de servicios" a su cargo, que contribuyó al "desencadenamiento, la magnitud y las consecuencias del desastre" de Cromañón.

Poco antes de la lectura de las conclusiones, Ibarra desautorizó el dictamen al advertir que la comisión realizó "un simulacro de investigación" y definió que el pedido para enjuiciarlo tiene "una clara intencionalidad política".

Según consta en el dictamen, a Ibarra se le atribuyen responsabilidades tanto en lo previo a la tragedia -por "falta de control e insensibilidad ante las alertas institucionales"- como en los momentos posteriores, sobre todo en lo relativo a la supuesta inexistencia de "un plan de emergencia".

La lectura del dictamen final, compuesto de nueve módulos y un capítulo destinado a las conclusiones, estuvo a cargo de los nueve legisladores -todos opositores a Ibarra- que integran la comisión investigadora.

La sesión se desarrolló desde las 17.50 y por espacio de más de cuatro horas en el salón San Martín de la Legislatura porteña, hacia donde llegaron más de 100 familiares de las víctimas del trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre pasado.

Los familiares escucharon las conclusiones de los legisladores en silencio, portando las mismas pancartas que exhiben en cada una de las marchas callejeras que realizan para recordar a las 194 víctimas de la catástrofe.

Concretamente, los legisladores le imputaron al jefe de Gobierno "desorganización y descoordinación" respecto de los organismos encargados de la verificación y el control de locales como el de República Cromañón.

En este sentido, la comisión investigadora refirió en su dictamen que "el poder de policía en la ciudad de Buenos Aires fue encaminándose desde la ineficacia a la inexistencia con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Gobierno".

Los legisladores apuntaron que "esta situación, con la persistencia en la omisión de controlar, se mantuvo como una constante que estalló el 30 de diciembre de 2004".

En lo referente a las alertas ignoradas, los diputados porteños argumentaron que Ibarra "desoyó informes del defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, de la propia Legislatura y de la defensora del Pueblo Alicia Oliveira".

Según lo indicado en el dictamen, cada uno de los organismos mencionados anticiparon "irregularidades en la habilitación y funcionamiento de locales bailables", pero no recibieron la atención correspondiente.

También se consideró que entre agosto de 2000 y noviembre de 2004 -es decir durante buena parte de la gestión de Ibarra- "no hubo una política adecuada de control de actividades comerciales" en la ciudad de Buenos Aires.

El órgano de investigación remarcó en esa dirección que el jefe de Gobierno "tenía la obligación de ocuparse de las actividades comerciales" y establecer "el poder de policía adecuado".

"El área de inspección, con sus distintas denominaciones y cambios de funcionarios, era considerado como un espacio de poder donde se dirimían internas de grupos político-partidarios por sobre todo otro interés", señaló el diputado Fernando Cantero, del ARI, al leer un pasaje del dictamen.

En cuanto al local donde funcionaba República Cromañón, la comisión evaluó que "nunca debió ser habilitado", y añadió que "funcionaba como un microestadio, cuando sólo estaba habilitado como local bailable, clase C".

El grupo de legisladores aclaró en su presentación final que también aparecen "otros funcionarios que podrían haber sido juzgados políticamente", pero como renunciaron a sus cargos "no pueden ser acusados".

En esta situación incluyeron al ex secretario de Justicia y Seguriad Urbana, Juan Carlos López, al ex subsecretario de Justicia y Trabajo, Marcelo Antuña, y a la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbil, entre otros.

En cuanto a los próximos pasos que se darán en torno al juicio político, las actuaciones ahora pasarán a una "Sala Acusadora" que integrarán 45 legisladores porteños.

El trámite siguiente quedará bajo la órbita de una "Sala Juzgadora", integrada por 15 diputados.

En ambos casos se respetará la proporcionalidad tanto de los partidos representados en el recinto de la Legislatura porteña, como las alianzas que estén oficializadas.

De acuerdo a lo aclarado por los representantes legislativos encargados de la investigación, el jefe de Gobierno tendrá la posibilidad de exponer y ejercer su legítima defensa.

Los legisladores volverán a elaborar en las siguientes instancias un dictamen que será sometido al análisis de la "Sala Acusadora".

Como lo que se recomienda es el juicio político, se requiere de la aprobación de al menos 30 de los 45 integrantes de la "Sala Acusadora".

En el caso de reunirse los votos y la consiguiente aprobación sobre el segundo dictamen, Ibarra quedaría automáticamente suspendido en sus funciones y sin goce de haberes.

Para terminar el proceso, la "Sala Juzgadora" decidirá la destitución o no del jefe de Gobierno porteño.

Todo el trámite, que se estima será muy prolongado y complejo, se definiría de acuerdo a estimaciones políticas más allá de las elecciones del 23 de octubre próximo.

El informe que se dio a conocer este viernes cuenta con las firmas de sólo nueve legisladores. Fernanda Ferrero, Alvaro González y Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires); Gabriela Michetti y Martín Borrelli (Frente para el cambio; Milcíades Peña (kirchnerista independiente), Fernando Cantero (ARI), María Eugenia Estenssoro (independiente) y Tomás Devoto (izquierda).

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