El Congreso prepara nueva ley antiterrorista

El Senado de la Nación se apresta a discutir una nueva ley Antiterrorista que ya tiene el acuerdo de la mayoría de los bloques del cuerpo y el dictamen de varias comisiones.

El proyecto tiene por objeto "prevenir, investigar y sancionar las acciones delictivas terroristas" que serán penadas con entre 10 y 20 años de prisión para quienes ejecuten actos terroristas, y de prisión o reclusión perpetua si se provoca la muerte de personas. Entre las conductas punibles, cuya "imprescriptibilidad" queda determinada por esta Ley, la norma menciona a aquellas que se enmarcan en convenios internacionales firmados por la Argentina sobre represión al "apoderamiento ilícito de aeronaves"; "actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil"; y "violencia en los aeropuertos".

También se puntualizan aquellos actos contra "la seguridad de la navegación marítima"; "la seguridad en plataformas petroleras"; "las personas internacionalmente protegidas y agentes diplomáticos" y "la protección física de los materiales nucleares"; y se reprime la "toma de rehenes" y los "atentados cometidos con bombas".

La norma también refiere la punibilidad del financiamiento del terrorismo.

Asimismo, se crea la Unidad de Prevención de Actos de Terrorismo que deberá estar a cargo del Ministerio del Interior, cuya función, entre otras, será la de elaborar un Plan Nacional de Prevención anual que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

El Congreso podrá tomar parte en este plan sólo escuchando el informe que el Director de la Unidad deberá brindar a los presidentes de ambas cámaras bajo estricta confidencialidad una vez por año.

En cuanto a la cuestión investigativa, la norma faculta a la Justicia a llevar al triple los plazos del secreto de sumario y al doble los de incomunicación. Además se podrá disponer, como medida preventiva, del bloqueo de cuentas, fondos u otros activos vinculados con acciones terroristas.

El segundo capítulo de la norma hace mención a la figura del informante, que podrá serlo con o sin contraprestación económica, del agente encubierto, del arrepentido y del testigo de identidad reservada.

En cuanto al agente encubierto, se establece como prerrogativa que su conducta "no será punible cuando a consecuencia del necesario desarrollo de la actuación que se le encomendara, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que este no implique atentar contra la vida, la integridad física o perpetrar estrago".

El "arrepentido" podrá ver reducida su pena aplicando la "tentativa o limitándola a la mitad respecto de los partícipes o encubridores" cuando proporcione información que permita combatir actos de terrorismo. Pero se aclara que esa reducción se cumplirá "siempre que el delito en que se encuentre involucrado sea igual o más leve que aquel respecto del cual hubiere brindado su colaboración".

El proyecto, además, deroga la llamada Ley del Arrepentido (25.241), sancionada durante los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa.

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