Según el reglamento de la Cámara alta, una vez que el cuerpo apruebe la apertura de recolección de pruebas en el juicio político, tanto la acusación como la defensa tendrán 30 días hábiles para presentar los informes y testimonios aceptados. Ese período de pruebas concluirá el jueves 22 de septiembre, día en que reglamentariamente el cuerpo estaría habilitado para llevar al recinto la acusación contra Boggiano, suspendido en sus funciones desde el pasado 22 de junio.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner le dio dictamen al proyecto de Resolución que abre el proceso, y rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Boggiano, al considerar no judicializable ni recurrible la recusación de 34 senadores que ya actuaron en el juicio político al destituido Eduardo Moliné O'Connor.

Durante el lapso del período de prueas, la defensa, encabezada por los abogados María Angélica Gelli y Marcelo Sancinneti, y la acusación, encarnada por la comisión a tal efecto conformada por los diputados Hernán Damiani, de la UCR, y Ricardo Falú, del PJ, recogerán pruebas y testimonios para sostener sus posiciones.

La Cámara también aceptará la comparencia de testigos presentados por la defensa y por la acusación, en coincidencia, aunque no citará a los miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia, solicitado por los patrocinantes de Boggiano.

Al término del período de apertura deberán prestar declaración el canciller Rafael Bielsa, en su carácter de ex titular de la Sindicatura General de la Nación; el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Carlos Manuel Garrido; y el ex gerente de Asuntos Legales de ENTel, José Rodolfo Eleazar González.

También fueron citados el secretario de la Corte Suprema, Rubén Gorría; y el subsecretario Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles; mientras que se rechazó la comparencia del ex Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, al sostenerse que con su dictamen sobre el caso Meller es suficiente.

El sumario contra el ministro se basa puntualmente en la causa Meller que convalidó una decisión de un tribunal arbitral por una deuda del Estado; y en las causas Macri y Haydeé Dragonetti de Román, donde el juez es cuestionado por su firma en la falta de mérito dictada al empresario por un caso de contrabando y por la sanción contra la jueza, respectivamente.

En los cuatro casos, la Cámara de Senadores solicitará copias de los fallos firmados por Boggiano.