El Senado convirtió en ley la reforma del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que establece quiénes pueden ser adjudicatarios de las licencias.
Empero, dejó de lado un párrafo que había introducido la Cámara de Diputados sobre las cooperativas de servicios públicos.
El proyecto para reformar la Ley 22.285 fue aprobado por 40 votos afirmativos y cuatro negativos, dentro de los cuales estuvieron algunos miembros de la bancada radical, como el pampeano Juan Carlos Marino y el chubutense Norberto Massoni, y el socialista santafesino Rubén Giustiniani.
La norma establece que "las licencias se adjudicarán a una persona física o jurídica regularmente constituida en el país", y agrega que "cuando el solicitante sea una persona jurídica en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución".
Según la ley, no podrán pedir una licencia para operar una radio, un canal de TV abierto o por cable ninguna "persona jurídica prestadora de un servicio público" con excepción de las cooperativas "sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos que cubran áreas en las cuales no haya otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio".
En tanto, tampoco podrán hacerlo los directores de las empresas de servicios públicos, ni los accionistas mayoritarios de las sociedades que posean "el 10% o más de las acciones que conforman la voluntad social" de la compañía.
Con la norma, cualquier empresa que brinde algún servicio público -agua, teléfono, electricidad o gas, entre otros- no podrá controlar un medio de comunicación radial, una práctica usual durante la década de los 90.
La única modificación realizada a la ley es la que refiere el otorgamiento de las licencias a las cooperativas y asociaciones sin fines de lucro.
Ambos proyectos establecían que las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos no pueden ser radiodifusores: en Diputados se aceptó que las cooperativas de servicios públicos pueden ejercer el servicio cuando en su área de influencia no existiera otro licenciatario, pero se dejaba a la autoridad de contralor autorizar o no a esas cooperativas.
El Senado, en cambio, estableció que la autoridad de aplicación deberá realizar una evaluación integral antes de otorgarle la licencia a una cooperativa que además preste servicios públicos.
Según el reglamento, cuando una Cámara excluye un párrafo de una iniciativa que viene de la otra, no implica que necesariamente deba regresar en revisión, como sí ocurriría si se tratara de una modificación en el texto.
Además, esa asociación sin fines de lucro que preste un servicio público deberá llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones, no incurrir en prácticas anticompetitivas ni negar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, entre otras obligaciones.
Esa modificación se realizó "con el propósito de evitar que algunas cooperativas de servicios públicos aprovecharan su situación dominante de mercado", dijo el justicialista jujeño Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas y Medios de Comunicación.
Quienes se opusieron al cambio argumentaron que "las cooperativas más que tener una posición dominante enriquecen la competencia", y agregaron que "se están afectando los derechos de las cooperativas".
La modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la consideró inconstitucional, tras emitir un fallo en 2003 en el caso "Asociación Mutual Carlos Mujica contra el Estado Nacional".
La vieja redacción de la norma establecía que podían ser licenciatarios "las personas físicas y jurídicas con fines comerciales", exclusivamente.
Ahora pueden ser licenciatarios los ciudadanos argentinos, que tengan idoneidad cultural acreditada que pueda ser comprobada, con capacidad patrimonial acorde con su inversión, no estar inhabilitado civil o penalmente, no ser deudor moroso, no tener vinculación con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras.
