El justicialismo redoblará sus esfuerzos para aprobar esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que otorga mayores atribuciones a la AFIP para combatir la evasión previsional y dispone hasta 6 años de prisión a quienes no cumplan con los aportes laborales.
La iniciativa también contempla la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias las remuneraciones del personal doméstico, con el objeto de terminar con el trabajo en negro de la mayoría de las empleadas que cumplen sus tareas en casas de familia.
La conducción del justicialismo reafirmó su voluntad de sesionar el próximo miércoles con el primer punto de la agenda que quedó pendiente de la última reunión realizada hace 10 días, que es el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto para combatir la evasión previsional.
El diputado justicialista salteño Juan Manuel Urtubey -uno de los miembros del cuarteto a cargo de la jefatura del bloque desde el alejamiento del duhaldista José María Díaz Bancalari-, ratificó que se reanuda la sesión con la discusión del proyecto sobre combate a la evasión previsional. El proyecto del Ejecutivo otorga nuevas facultades a la AFIP, que sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos sobre los pagos de la seguridad social para disminuir la alta morosidad hoy existentes.
La sanción del proyecto sobre seguridad social, que forma parte del paquete antievasión y es reclamada por el Ministerio de Economía, se encontraba demorada por las diferencias que existían en el justicialismo sobre la iniciativa, ahora superadas.
La unificación de criterios del oficialismo es sustancial para garantizar la votación del proyecto, ya que el arco opositor de centroderecha y centroizquierda rechaza la iniciativa, mientras que el radicalismo tiene reparos sobre otorgar mayores atribuciones a la AFIP, aún con los cambios que se introdujeron. En ese punto, los diputados del PJ aceptaron atenuar algunas de la nuevas atribuciones que solicita el Ejecutivo, referidas a la presunción que puede tener la AFIP para avanzar en una causa penal contra un contribuyente, al permitírsele al presunto evasor demostrar que no está infringiendo la ley.
De acuerdo con el dictamen, la AFIP podrá calcular de oficio los aportes que debe realizar ese empleador, pero sólo podrá existir presunción en caso de inexistencia de prueba directa, y siempre con la posibilidad de que se pueda presentar una prueba en contrario.
Estos cambios figuran en el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación Penal, pero serán aceptados por la totalidad de los legisladores del oficialismo, según informaron fuentes parlamentarias del PJ.
De hecho, el despacho que se pondrá en consideración será el dictamen de las comisiones de Presupuesto, Legislación Laboral y de Previsión Social, y en el recinto de sesiones se agregarán algunos cambios de los diputados especializados en derecho penal. Además, el proyecto establece penas de dos a seis años de prisión para los empleadores que descuenten los aportes y no realicen el depósito en un plazo de diez días hábiles desde su vencimiento, siempre que esta suma sea superior a 10.000 pesos.
