El gobernador de Buenos Aires Felipe Solá envió a la Legislatura el proyecto de ley por el cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la norma nacional que desfederaliza los delitos vinculados con la venta y la distribución de estupefacientes en menor cuantía.
Durante un acto que encabezó en la Casa de Gobierno provincial, Solá anunció que hoy ingresará a la Cámara de Diputados la adhesión de la provincia a la Ley 26.052, sancionada el mes pasado en el Congreso Nacional.
El Congreso Nacional sancionó esta normativa impulsada por Solá desde el año pasado. La norma establece que cuando la "entrega, suministro o facilitación (de la droga) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión".
El segundo artículo señala que "los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante Ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo".
Solá explicó que a partir de la implementación de esta ley "la provincia contará con un total de 450 fiscales para intervenir en casos de drogas", ya que la justicia provincial podrá intervenir en este tipo de delitos.
