La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que otorga mayores atribuciones a la AFIP para combatir la evasión previsional y dispone hasta seis años de prisión a quiénes no cumplan con los aportes laborales.
La iniciativa también contempla la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias las remuneraciones del personal doméstico, con el objeto de terminar con el trabajo en negro de la mayoría de las empleadas que cumplen sus tareas en casas de familia.
Luego de más de 5 horas de debate, el proyecto -que contó con el rechazo de un amplio arco opositor- fue respaldado por 98 votos contra 69, tras lo cual era debatido en particular por la Cámara baja.
Con este proyecto, -que modifica la ley de Procedimiento Tributario- la Cámara baja retomó el cuarto intermedio al que había pasado el cuerpo el 10 de agosto, con lo cual el oficialismo no tuvo necesidad de reunir quórum para empezar el debate de esta iniciativa clave para el Gobierno.
Desde el principio sobrevoló la sesión la última acusación lanzada desde el seno del Gobierno sobre la existencia de un supuesto "pacto de desestabilización" que estaría integrado por radicales, menemistas, duhaldistas y seguidores del ex intendente y ex comisario Luis Patti.
Cuando comenzó el debate -con menos de 100 legisladores- el socialista Jorge Rivas solicitó una convocatoria al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que "informe sobre el pacto oculto de desestabilización" que denunciaron el presidente Néstor Kirchner y la primera dama Cristina Fernández.
Al defender el proyecto oficial, el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el jujeño Carlos Snopek, sostuvo que se trata de una herramienta "para combatir la evasión previsional" y consideró que la situación actual "es una herida abierta al corazón de la República".
Desde el ARI, la titular de la comisión de Tercera Edad, María América González, rechazó la iniciativa y advirtió que con este proyecto "se le está dando facultades a la AFIP y no a los jueces", al sostener que "es una caza de brujas y una ley absolutamente dictatorial".
"Esta ley es aberrante, una caza de brujas dictatorial, a la manera en que se maneja este Gobierno", disparó María América González y subrayó: "acá se va a recaudar por apariencia, por amiguismo o por corrupción y los muchachos e al AFIP van a embargar y después, los que puedan, apelarán ante la Justicia".
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que la facultad de la AFIP de estimar "de oficio" la deuda previsional "significa que lo que dice el inspector (del organismo) es correcto y al que no le guste a llorar a otro lado".
También, el radicalismo, a través de la diputada nacional por Río Negro, Cinthya Hernández, anticipo que la UCR votaría en contra del proyecto, al recordar que esa bancada sostendrá el dictamen de minoría presentado por ese bloque.
El proyecto del Ejecutivo otorga nuevas facultades a la AFIP que, sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos sobre los pagos de la seguridad social para disminuir la morosidad existente.
La sanción del proyecto sobre seguridad social, que forma parte del paquete antievasión y es reclamada por el Ministerio de Economía, se encontraba demorada por las diferencias que existían en el justicialismo sobre la iniciativa, ahora superadas.
La unificación de criterios del oficialismo fue sustancial para garantizar la votación del proyecto, ya que el arco opositor de centroderecha y centroizquierda rechazaba la iniciativa, mientras que el radicalismo planteó reparos para otorgar mayores atribuciones a la AFIP.
En ese punto, los diputados del PJ aceptaron atenuar algunas de las nuevas atribuciones que solicita el Ejecutivo, referidas a la presunción que puede tener la AFIP para avanzar en una causa penal contra un contribuyente, al permitírsele al presunto evasor demostrar que no está infringiendo la ley.
De acuerdo con el dictamen de mayoría, la AFIP calculará de oficio los aportes que debe realizar ese empleador pero sólo podrá existir presunción en caso de inexistencia de prueba directa y siempre con la posibilidad de que se pueda presentar una prueba en contrario.
El proyecto establece además penas de dos a seis años de prisión para los empleadores que descuenten los aportes y no realicen el depósito en un plazo de diez días hábiles desde su vencimiento, siempre que esta suma sea superior a 10 mil pesos.
La misma pena tendrá el agente de retención o percepción de los Recursos de la Seguridad Social que no deposite total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, cuando el monto no ingresado supere los 15.000 pesos.
En el proyecto, se fija además que las empresas que contraten a cooperativas de trabajo formal serán responsables solidarios por el pago de los aportes de las contribuciones de la seguridad social. También, la iniciativa posibilita a los ciudadanos -estén o no en relación en dependencia- que contraten empleadas para tareas domésticas a deducir del Impuesto a las Ganancias los aportes patronales que realicen por hasta 4.020 pesos anuales.
Al inicio del debate, con menos de 100 legisladores en sus bancas, el oficialismo pidió incluir en el temario el proyecto para autorizar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país, que tiene sanción del Senado y preocupa al Ejecutivo.
La iniciativa -que debe seguir el mismo trámite que el pedido de informes al jefe de Gabinete- prevé la realización de 17 ejercicios militares entre el 31 de agosto y el 1 de setiembre de 2006 con tropas de los Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Sudáfrica, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Colombia.