El funcionario explicó los pormenores del proyecto enviado por el Ejecutivo que, entre otros puntos, otorga nuevas facultades al ministro de Economía para la revisión de ciertos casos de concentraciones económicas en áreas como servicios públicos, defensa, energía o minería.

Madcur explicó que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, tendrá la "decisión final" sobre las denuncias relacionadas con las empresas de servicios públicos. El proyecto, asimismo, activará la puesta en funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo será la resolución de conflictos entre empresas, aunque la última palabra la tendrá el titular de la Cartera de Hacienda.

Según Madcur, el Tribunal trabajará para "investigar conductas anticompetitivas" de las empresas y decidirá cuales "serán sancionadas o no", según el "rango de la infracción".

"El Tribunal será la única instancia administrativa", agregó el funcionario, ante la Comisión que preside la radical Alicia Mantendrá (Chaco).

Madcur destacó, además, que "este tipo de metodología tiene antecedentes mundiales", y citó como ejemplo el caso de España, donde el Ministro de Economía tiene la decisión final al momento de resolver los conflictos entre empresas.

En esta dirección, el proyecto brinda a Economía la decisión administrativa final sobre operaciones de concentración económica en sectores estratégicos, como servicios públicos, defensa, energía o minería, con alto impacto sobre la inversión y el empleo.

De este modo, se recorta el alcance de la Comisión Nacional de la Competencia, que depende del Ministerio y es la encargada de velar por los derechos de los consumidores.