Evitaron tratar en Diputados el proyecto que suspende los remates

Los diputados kirchneristas y los macristas y de López Murphy evitaron el tratamiento de un proyecto para suspender por un año los remates y desalojos a deudores hipotecarios, que había sido respaldado por duhaldistas, radicales, aristas, socialistas y otras fuerzas opositoras.

Pese a ser minoría, esa extraña coalición se impuso gracias a un vericueto reglamentario que obliga -en algunas situaciones- a tener lo que se conoce como "un número especial" de votos para habilitar su tratamiento.

El proyecto -que tiene dictamen de las comisiones de Justicia, Finanzas y Vivienda- todavía debe ser discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y eso implica que no puede tomar "estado parlamentario" para ser tratado en el recinto y por ese motivo necesitaba que los tres cuartos de los presentes aprobaran su inclusión en el temario.

Sobre los 183 legisladores sentados en sus bancas, 123 votaron a favor y 56 diputados -53 kirchneristas, dos de Compromiso para el Cambio y uno de Recrear- rechazaron su inclusión -hubo 2 abstenciones-, evitando el tratamiento.

"Se demostró la voluntad política de la mayoría de tratar el tema, pero un grupo hizo uso del reglamento para impedirlo", se quejó el radical Mario Negri.

Ni bien comenzó la sesión, que es continuación del debate del miércoles pasado, que a su vez continuaba otro del 10 de agosto, el jefe del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, solicitó que el cuerpo reconsiderara el tratamiento, pedido que fue respaldado por la UCR y los diputados Patricia Walsh (Izquierda Unida) y Luis Zamora (Autodeterminación y Liberación).

El amplio espectro de los deudores hipotecarios incluye a los que tomaron créditos con financieras y bancos y sufrieron los efectos de la devaluación de 2002: sus sueldos quedaron en pesos y las cuotas en dólares.

Desde las 14, los deudores hipotecarios se habían concentrado frente al Congreso para reclamar que la Cámara de Diputados tratara la suspensión de los remates y desalojos y pedir que "el Estado solucione la situación que él creó".

"Hay un derecho inapelable a la vivienda y el Estado debe solucionar la situación que generó", reclamó la titular de la Asociación de Deudores Hipotecarios, Hilda Gumprich.

Gumprich precisó que existen "1,6 millones de deudores privados" que quedaron fuera de las políticas oficiales.

"Hay connivencia con los grandes poderes económicos y hay muchos intentereses en el sector político, que está haciendo muchos negocios con los deudores ahorcados por la situación financiera", se quejó Gumprich.

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