Ibarra presentó ante la Legislatura de Buenos Aires un escrito de 200 páginas en el que se defendió de imputaciones y respondió con duros cargos a sus acusadores, quienes en julio último consideraron al alcalde como uno de los responsables de la tragedia ocurrida en diciembre en la discoteca República Cromañón.

En aquella ocasión, Ibarra fue acusado de "mal desempeño de sus funciones" por una comisión investigadora formada por legisladores de la oposición y que contó con el respaldo de los familiares de las víctimas del siniestro.

Antes de presentar su descargo, el alcalde porteño insistió en que en la comisión "hubo manipulación de testigos, alteraciones de documentos y discrecionalidad política", además de cuestionar "la pobreza" del informe "repleto de errores" que a su juicio realizaron los legisladores.

"Un estudiante secundario habría sido reprobado si hubiera presentado un trabajo como ese", sentenció Ibarra en declaraciones a la radio y la televisión

Algunos legisladores que formaron parte de la comisión acusadora respondieron que quien miente y manipula información es Ibarra, y uno de ellos, Jorge Enríquez, tildó al alcalde de "cobarde y canalla", tras lo cual anunció que presentará una querella en su contra.

Además del frente político, Aníbal Ibarra ha sido puesto en jaque por la Justicia, después de que un fiscal pidiera su declaración indagatoria por esta causa

Los 60 escaños de la Legislatura capitalina están repartidos entre una veintena de fuerzas políticas y hace falta el consenso de 45 legisladores para llevar adelante un juicio político con fines de destitución contra el alcalde

El incendio, ocurrido el 30 de diciembre último, se originó cuando el público que había acudido al concierto del grupo de rock "Callejeros" lanzó bengalas al techo recubierto de telas de la discoteca.

En el momento del siniestro, la capacidad de República Cromañón había sido sobrepasada, tenía la licencia municipal caducada, carecía de ciertas medidas de seguridad y sus salidas de emergencia estaban bloqueadas.

En la causa principal, a cargo del juez Marcelo Lucini y por la que actualmente no hay detenidos, 22 personas fueron procesadas, entre ellas el dueño de la discoteca, Omar Chabán, los miembros de la banda "Callejeros", ex funcionarios del Gobierno de Buenos Aires y policías En agosto pasado, el magistrado procesó en una causa conexa a cuatro bomberos y tres empresarios, sospechosos de haber generado una suerte de mercado cautivo para habilitar el funcionamiento de discotecas en la capital del país.