No alcanzaron los votos para acusar a los consejeros porteños

La Legislatura porteña no reunió los 30 votos necesarios para acusar a ninguno de cinco miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre los que pesaban causales que se resumían en negligencia, impericia y/o falta de idoneidad en la gestión e incompatibilidad en el ejercicio de cargos.

El trámite de juicio político había sido iniciado en noviembre de 2004 por la Legislatura contra el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos León Rosenfeld y los consejeros María Magadalena Iráizos, Juan De Stéfano, Bettina Castorini y Diego May Zubiría.

En un principio, en la sesión de ayer, el Cuerpo había rechazado por amplia mayoría los pedidos de nulidad presentados por los consejeros María Magdalena Iráizos, Juan De Stéfano y Bettina Castorino.

En el proyecto de mayoría, los cargos presentados, no se atribuyeron a todos los consejeros por igual, es decir, según la Comisión Investigadora, a todos no se les imputaba las mismas causales.

Los cargos consignados eran: compensación auto-asignada violando la ley vigente; falta de cobertura de cargos de empleados y funcionarios del Consejo de la Magistratura, Juzgados, Cámaras y Ministerio Público, conforme al sistema de concurso público. Otro cargo estaba dado por probable "negligencia, impericia y/o falta de idoneidad en la gestión. Se menciona al respecto el "sobredimensionamiento" del Consejo de la Magistratura en detrimento de Juzgados y Ministerio Público.

Además se les imputó la sub-ejecución presupuestaria 2003 y 2004; negligencia en tramitación y provisión de necesidades de insumos y problemas edilicios de los juzgados y ministerio público; violación de la publicidad de los actos de gobierno; incrementos salariales dados de modo discrecional y falta de estructura salarial.

También se les inculpaba por imprevisión para resguardar al Poder Ejecutivo de sufrir hechos delictivos y por último, se les atribuía a algunos "incompatibilidad en el ejercicio de cargos en el Consejo de la Magistratura".

La Comisión Investigadora, que preside Marcelo Godoy, de Compromiso para el Cambio, elaboró en total cuatro dictámenes. El de mayoría, firmado por ocho legisladores, propuso el juicio político a los cinco consejeros, por distintos motivos. Otro dictamen, firmado por Fernando Melillo (ARI) y Ariel Schifrin (Confluencia), hacía lugar al pedido de nulidad presentado por los consejeros, por entender que la Legislatura se había arrogado "facultades de Sala Acusadora".

Melillo y Schifrin también opinaron que los cinco consejeros no habían incurrido en "mal desempeño".

Los diputados "kirchneristas" Silvia La Ruffa y Diego Kravetz firmaron un tercer dictamen, a favor del juicio político pero excluyendo a Rosenfeld.

En tanto, la "ibarrista" Sandra Dosch elaboró el cuarto dictamen aconsejando desestimar los cargos contra los consejeros y archivar las actuaciones.

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