La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitirá el próximo miércoles un despacho a favor de un proyecto que limita hacia el futuro la materia de los indultos presidenciales y avala la revisión judicial de los efectuados por el gobierno de Carlos Menem para beneficiar a jefes de la última dictadura militar.
En la reunión que realizó el presidente de la comisión, Juan Manuel Urtubey, manifestó su "acuerdo personal" con el proyecto que presentó Gerardo Conte Grand que condensa aspectos de iniciativas presentadas por Margarita Stolbizer, Patricia Walsh y Araceli Méndez de Ferreyra.
En dos artículos, la propuesta de Conte Grand indica, en primer lugar que "la facultad de indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal" según lo previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, "no puede ejercerse, bajo pena de nulidad insanable" cuando no mediase una condena del beneficiario o en caso de delitos de lesa humanidad. En el segundo artículo, el proyecto precisa que toda impugnación de los indultos ante sede judicial deberá ser resuelta "resultando siempre indeclinable para el tribunal interviniente el pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los indultos o conmutaciones de penas, aunque hayan sido dictadas mediante decretos de fecha anterior a la vigencia de esta ley".
El texto, entonces, evita declarar la nulidad de los indultos, lo cual es controvertido y opinable jurídicamente ya que el único que puede establecer nulos actos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es el Poder Judicial y, por otro lado, no avanza en la nulidad de los fallos judiciales contra los jerarcas de la dictadura como indica el proyecto presentado por Walsh.
Patricia Walsh manifestó su acuerdo con la iniciativa de Conte Grand en tanto que el bloque radical se comprometió a consultar a Stolbizer -de viaje en Haití- antes de tomar posición. Walsh junto a Stolbizer vienen solicitando infructuosamente sesiones especiales para derogar los indultos dispuestos en los decretos 1002/89 y 2741/90 y 2746/90 por el gobierno de Menem.
Walsh y Stolbizer argumentan que los indultos menemistas son "inconstitucionales" porque implicaron una "amnistía encubierta" que dejó afuera al Congreso y, además, eximió de responsabilidad penal crímenes de lesa humanidad, una categoría de delitos que no debería ser alcanzada por el beneficio.
A su vez, Walsh insiste en que luego de que la Corte declarara inconstitucionales los indultos, "tenemos la obligación de resolver la cuestión de los indultos porque sino van a ser condenados los niveles intermedios e inferiores que están siendo juzgados y los niveles máximos continuarán indultados".