El proyecto de ley fue presentado la semana pasada por senadores del kirchnerismo y en caso de ser aprobado tendría una vigencia mínima de diez años.

El oficialismo propone que esta ley incluya a la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, las fuerzas de seguridad y el Congreso, áreas que tendrían la posibilidad de mantener en reserva ciertas decisiones consideradas clave para el gobierno de turno. Así, la ley vigente que sólo alcanza a la SIDE y al Ministerio de Defensa bajo el paraguas de "razones de seguridad nacional", quedaría ahora ampliada a otros organismos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Según expresaron dos asesores del Congreso que participaron en la redacción del proyecto, esta iniciativa se justifica ya que en la actualidad "esas áreas suelen administrar resoluciones reservadas".

El proyecto no fue impulsado por el Poder Ejecutivo, pero la presentación realizada por cuatro senadores muy afines al oficialismo dejó traslucir el aval del Gobierno a la norma que debe ser votada por las dos cámaras.

Los senadores propulsores de esta iniciativa son la presidente de la Comisión de Defensa, María Perceval; el titular del bloque del PJ, Miguel Pichetto, el presidente de la bicameral de Inteligencia, Mario Daniele y la frepasita Diana Conti, todos ellos legisladores "K" de primera línea.

El proyecto incluye temas polémicos ya que aspira a regular muchos de los actos públicos del gobierno, algo que nunca antes había sucedido en etapas democráticas en Argentina, a la vez que le daría facultades al PEN para "ocultar información" y controlar su divulgación ante la prensa. Entre las primeras voces que se levantaron para expresar su rechazo a esta iniciativa estuvo la del diputado Democráta Progresista, Alberto Natale, quien calificó a la acción del Gobierno como una nueva demostración del "doble discurso que ahora 'desennoblece' la política argentina".