El suspendido juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, aseguró que en caso de ser destituido en el juicio político que enfrenta, "pondrán en flagrante peligro el estado de derecho". Las denuncias prometidas por el último representante de lo que se denominó "la mayoría automática menemista", y que iba a realizar durante su alegato final brillaron por su ausencia.
Boggiano escuchó durante algo más de dos horas los discursos de la acusación representada por los diputados Ricardo Falú (PJ-Tucumán) y el radical misionero Hernán Damiani. A su turno, el magistrado leyó su defensa contradiciendo el reglamento que dice que los discursos no pueden ser leídos. Acusó al gobierno nacional, aunque se cuidó en no identificar a nadie en particular, de presionar no sólo a los legisladores para que voten por su destitución sino también a la prensa.
Consideró las causales del juicio en su contra de "irrazonables e inconstitucionales. Luego dijo que pretenden "silenciarlo" aunque no explicó por qué y aseguró que hay intención de hacerlo "desaparecer, jurídicamente creo", pretendió ironizar.
El juez realizó estas afirmaciones tras la participación de sus dos abogados defensores, María Angélica Gelli y Marcelo Sancinetti, en el alegato final del proceso, que también contó con la participación de la comisión Acusadora de la Cámara de Diputados.
Boggiano, acusado por su actuación en las causas Meller, Macri y Dragonetti de Román, denunció también que un senador -al que no identificó- votará su remoción como consecuencia de su fallo a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Según trascendió, el legislador que habría anunciado que condenará al magistrado por su actuación en el expediente que declaró inconstitucional las "leyes del perdón" sería Ricardo Bussi, de la Fuerza Republicana de Tucumán.
El caso elegido por la Corte Suprema para declarar inconstitucional las leyes del perdón fue la desaparición de Gertrudis Hlaczik y José Poblete, secuestrados en 1978 junto a su hija Claudia, quien años después recuperó su identidad. En la causa están acusados los ex represores Julio Simón ("el Turco Julián") y Juan Antonio "Colores" del Cerro, quienes actuaron en el centro clandestino El Olimpo. La denuncia -realizada durante los alegatos finales- podría leerse como el último guiño de Boggiano al Poder Ejecutivo, que fue el principal impulsor de la nulidad de las "leyes del perdón" aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
"He acá la causa más acabada y dolorosa del juicio para presionar la conciencia del juez. Un senador vota para destituirme por mi fallo en Simón (alias el turco Julián), y no por los cargos en mi contra", denunció el magistrado.
En esta dirección, Boggiano recalcó que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias. "Es esencial que ni el Ejecutivo ni el Ejecutivo puedan amenazar a un juez, que puede ser destituido por algo muy grave, pero jamás por aplicar la ley", repitió en tres oportunidades.
Una vez fuera del recinto, y ante las cámaras de televisión, Boggiano redobló la apuesta y manifestó que el proceso de juicio político "es una infamia".
Pese a su acalorada defensa, la suerte de Boggiano ya estaría definida. La UCR y el mayoritario bloque del PJ votarían contra el juez, quien durante la década del 90 integró la llamada "mayoría automática" junto a los renunciantes Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, y al destituido Eduardo Moliné O'Connor.
Boggiano señaló que su defensa estuvo disminuida frente a la imposibilidad de poder expresarse ante la prensa, a la que consideró controlada por el gobierno. "Para que exista un estado derecho debe haber una prensa libre de la presión del gobierno. La libertad de prensa refleja la libertad del pueblo en modo que las elecciones y las encuestas jamás podrán. Por eso se necesita una prensa independiente de los vaivenes del gobierno", dijo.
En ese sentido, indicó que su estrategia se concentró en hacer conocer las razones de su juicio a la prensa internacional, a representantes de Naciones Unidas y ONG's internacionales. Haciendo gala de sus conocimientos de las nuevas tecnologías señaló que "se organizó un internet global de este juicio político, mis defensores publicaron mi alegato como libro. Mi defensa está en la red", dijo.
El discurso de Boggiano fue seguido con atención por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien tomó notas de todo lo que decía el magistrado.
El juez suspendido advirtió también que su juicio tiene como intención diluir la división de poderes republicanos: "Si soy destituido provocará que cada juez antes de dictar sentencia deberá temer porque le inicien un juicio político". Agregó que si lo destituyen por el caso Meller "todos los jueces deberán temer por causas análogas antes fallos que puedan provocar el disgusto del poder".
Casi al final de su exposición, Boggiano, acusado por su actuación en las causas Meller, Macri y Dragonetti de Román, anunció que llegaba el momento de las denuncias. Los senadores se acomodaron en sus bancas, sin embargo sólo dijo que un senador -al que no identificó- votará su remoción como consecuencia de su fallo a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.