Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que los diputados rechazaron una sentencia de primera instancia del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Silva Garretón, argumentando que el acceso a esa información por parte de los ciudadanos implica un reclamo "genérico y ambiguo".

Los legisladores adujeron, además, que la no publicidad es "la regla" y la publicación de esa información, "la excepción".

A principios de agosto pasado, el juez Silva Garretón ordenó que los diputados nacionales difundieran públicamente su declaración jurada de bienes, al resolver una añeja acción de amparo presentada por la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Silva Garretón rechazó el planteo de la Cámara baja, que se opuso al reclamo argumentando que la ADC no tenía derecho a formular tal pedido.

El juez replicó que según establece la ley de Etica Pública, "toda persona" tiene derecho a consultar y obtener copia de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Pero los legisladores apelaron el fallo ante la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que deberá pronunciarse ahora y, finalmente, el expediente terminará en la Corte Suprema de Justicia.

Directivos de la ADC consultados dijeron que "los diputados nacionales consideran que el derecho de un ciudadano de tener esa información para ejercer responsablemente los derechos políticos reconocidos por la Constitución es una motivación genérica y ambigua". En ese sentido, recordaron que la Ley de Etica Pública, que lleva el número 25.188, "obliga a todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años y también a presentar una última declaración pasados los 30 días desde que una persona se alejó de la función pública".