Al revés de lo que ocurrió el jueves en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional aún no puede obtener unanimidad entre sus integrantes para sancionar dos proyectos de ley vinculados al combate contra el tabaquismo, que se encuentran frenados en el Senado a partir de la postura tomada por legisladores de las provincias tabacaleras.
La norma que generó más polémica es el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.
El convenio establece, entre otros puntos, que los gobiernos que lo firmen deben "proceder a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco". Y va más allá al restringir "el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la población".
El artículo podría afectar la continuidad del Fondo Especial del Tabaco (FET) de 150 millones de pesos y que cada año sirve para fomentar una industria desarrollada a través de más de 90 mil hectáreas y que al país le reporta alrededor de 4.600 millones de pesos ya que el 80 por ciento de la producción se exporta.
Pese a que el convenio establece que "se debe reconocer y abordar la importancia de la asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores", los senadores son escépticos en este punto.
"A mí me preocupa la falta de un plan alternativo para el cultivo del tabaco. La reconversión lleva tiempo y no hay todavía una salida concreta", adujo la senadora justicialista por Salta, Sonia Escudero.
La realidad demuestra que salvo inversiones astronómicas, no se conocen alternativas viables al tabaco. Por la zona, los cultivos que podrían funcionar son el café, el cacao y la coca. Sin embargo, la capacidad de distribución laboral del tabaco no puede ser superada por otro cultivo, ya que ocupa a 140 trabajadores por hectárea, en cada una de las provincias productoras: Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes.