El ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que, así como el Congreso tiene la potestad de votar una ley "que no sea de la satisfacción del gobierno", el Poder Ejecutivo tiene "la posibilidad del veto", en alusión al proyecto aprobado en Diputados que suspende por 120 días las ejecuciones hipotecarias.
"La Constitución prevé que una ley se vote y que no sea de la satisfacción del gobierno, pero también prevé que el Ejecutivo tenga la posibilidad del veto", dijo Fernández al ser consultado por Radio 10 sobre la iniciativa aprobada por la cámara de diputados y que no contaba con el aval del gobierno.
De esta forma, el ministro del Interior hizo referencia a la sesión especial realizada la semana pasada, donde el duhaldismo junto con el radicalismo y otras fuerzas de la oposición logró reunir 129 legisladores -el número exacto para obtener quórum- sin la presencia de los diputados del oficialismo.
Aníbal Fernández aclaró que, "llegado el momento, si el Congreso decidiera por las mayorías agravadas que establece la propia Constitución que eso sigue adelante, el presidente no tendrá más remedio que aceptarlo", con lo que hizo referencia a la posibilidad que tiene el Congreso de insistir con una ley tras un veto del Ejecutivo.
En ese marco, el ministro Fernández consideró "berreta" la actitud de la oposición de "sacar un proyecto de ley y llenarse la boca de palabras y (decir) que el Congreso se puso de pie cuando en realidad lo que se está buscando es sacar una ventajita de las personas que están padeciendo esa situación particular".
También, sostuvo que "es muy triste encontrar esta actitud en el Congreso de la Nación" y explicó que "lo que se discute en este caso concretamente es que no se ha evaluado una salida responsable para un universo determinado de personas con problemas sino que se ha hecho un gesto electoralista".
El proyecto aprobado la semana pasada posterga las ejecuciones hipotecarias por 120 días, una medida que benefiaría a los deudores de créditos afectados por la crisis económica que se profundizó a partir del 2001 con el fin de la convertibilidad y el comienzo del denominado "corralito".