López declaró como imputado cerca de seis horas ante el juez de instrucción Julio Lucini y completó en estos términos la indagatoria que había comenzado a prestar el miércoles de la semana pasada.

Los abogados Santiago Blanco Bermúdez y Adolfo Tamini explicaron que el ex funcionario -que renunció a su cargo dos días después de la tragedia desatada el 30 de diciembre último- negó los cargos imputados por el juzgado por supuesto incumplimiento de sus funciones.

Los defensores de López -miembro del círculo íntimo del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra- aclararon que durante su extenso descargo explicó que correspondía a la Policía Federal todo lo que tuviera relación con posibles contravenciones en el boliche de Once. "López dejó en claro que el control de los locales bailables clase C corresponde a la Policía Federal", enfatizaron los abogados, quienes destacaron que el ex funcionario no conoció República Cromañón hasta después del trágico incendio que dejó un saldo de 194 muertos.

En esta línea, el imputado aclaró que no estaba entre sus facultades la posibilidad de disponer la clausura del local por supuestas irregularidades, como el exceso de asistentes, el ingreso de pirotecnia o la clausura de puertas de emergencia.

López señaló que la tarea de prevenir las contravenciones y la responsabilidad de la Policía Federal al respecto surge "del Código Contravencional vigente".

Según López, no existe en el Gobierno porteño un cuerpo de inspectores al que le corresponda controlar un local de las características de República Cromañón si ingresa más gente de la permitida en la habilitación.

El local de Once estaba habilitado como local de clase C, es decir como boliche bailable, cuando en los hechos funcionaba como un miniestadio, donde se realizaban recitales. Además, el local tenía un ingreso permitido de alrededor de mil personas, pero la noche de la tragedia se calcula que ingresaron más de tres mil personas.