Se trata de una iniciativa que fue aprobada en el Senado en marzo pasado y prevé una indemnización para quienes debieron abandonar el país entre el 6 de noviembre de 1974, cuando se decretó un estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió un nuevo Gobierno democrático.

El proyecto -que tiene sanción del Senado y fue impulsado por el Gobierno, a partir de un iniciativa del senador salteño Marcelo López Arias- pasó ayer a la firma de los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, aunque para su tratamiento en el recinto debe recibir aún el visto bueno de la comisión de Presupuesto.

Durante la reunión de la Comisión de Justicia, que preside el justicialista Carlos Martínez, todos los legisladores presentes votaron favorablemente salvo el radical Rodolfo Terragno, quien se abstuvo porque él mismo fue un exiliado político. En aquella sesión, varios senadores abandonaron sus bancas antes de que comenzara a debatirse el proyecto, entre ellos Eduardo Menem y los tucumanos de Fuerza Republicana, el partido fundado por el ex gobernador de facto y democrático Antonio Domingo Bussi.

Allí, el legislador del PJ Gerardo Conte Grand dijo estar de acuerdo en general con el proyecto aunque planteó algunas objeciones, al considerar que "hay aspectos que no se ajustan a la justicia distributiva y a la situación del país". Por su parte, el justicialista santafesino Angel Baltuzzi destacó la necesidad de avanzar en la sanción del proyecto y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia falló a favor de pagar una indemnización a Susana Yofre de Vaca Narvaja, quien debió exiliarse en México a mediados de los '70.

Desde el socialismo, la diputada María Elena Barbagelatta se mostró a favor de la iniciativa y anticipó que su bloque respaldará en general el proyecto y propondrá modificaciones en la discusión en particular.

Según detalló Conte Grand, "la categoría A tiene ocho grados que van desde los 2.278 a los 4.278 pesos y eso significa que podría haber indemnizaciones, por todo el período analizado, que irían desde los 292 mil a los 466 mil pesos".

"Creo que no se ajustan a los criterios de justicia distributiva, porque en la Argentina tenemos al 50 por ciento de la población bajo el límite de la pobreza, un sueldo promedio de 610 pesos y más de dos millones de jubilados que cobran menos de 400 pesos mensuales", graficó Conte Grand.

Los detenidos por razones políticas en el marco de la represión de Estado ya gozan de ese beneficio indemnizatorio, pero esa situación no alcanzaba hasta ahora a quienes debieron marcharse del país por persecución política o porque sus vidas corrían peligro.

En los fundamentos, la iniciativa destaca que "la violencia política en nuestro país en la década del '70 puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos, e implicó su expulsión y destierro ante la evidencia cierta de su muerte o desaparición".