El proyecto de ley para derogar los indultos presidenciales otorgados a quienes violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad ya está listo para ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
La iniciativa -que tenía dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja- deja abierta la puerta para revisar la conmutación de penas otorgadas a decenas de militares en la década del 90 por el entonces presidente Carlos Menem.
La iniciativa sintetiza varios proyectos sobre el tema y puede ser aplicada con retroactividad, y luego de haber sido aprobada en la comisión puede ser tratada cuando los diputados deciden sesionar, porque tiene "preferencia" para ser debatida en el recinto.
Los delitos de lesa humanidad "no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena", indica el proyecto en su primer artículo y precisa que, en caso de ser aprobada, la ley podrá actuar con retroactividad.
Además, establece que esos indultos y otras medidas similares deberán ser resueltos "en sede judicial, de modo indeclinable, de oficio o a petición de parte".
El dictamen aprobado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia consta de sólo dos artículos y fue elaborado en base a un documento del diputado Gerardo Conte Grand (PJ), que unificó los proyectos de Patricia Walsh (Izquierda Unida), Margarita Stolbizer (UCR) y Araceli Méndez de Ferreyra (Convergencia).
"La intención es llevarlo al recinto lo antes posible, porque hay muchos tribunales que están analizando distintas causas y esperan una resolución para avanzar", señaló Conte Grand durante el debate en la Comisión de Justicia, del que sólo participó una decena de legisladores.
El proyecto establece que los delitos de lesa humanidad previstos en tratados internacionales no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena "bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, aunque haya sido dictado con fecha anterior a la promulgación de la ley".
De este modo, los diputados descartaron avanzar en la anulación de los decretos de indulto a los militares firmados por Menem, como lo habían propuesto Walsh, Margarita Stolbizer y la correntina Araceli Méndez de Ferreira.
Conte Grand remarcó que "una definición sobre este tema tendría consecuencias judiciales y políticas y ayudaría a dictar sentencia", y señaló que el texto "está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos, que indican que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y deben ser juzgados".
La iniciativa fue suscripta por una decena de legisladores peronistas, radicales y de izquierda, y contó con la disidencia parcial del radical macrista Jorge Vanossi, quien cuestionó la "retroactividad".
Los diputados fijaron que cuando no se respeten los parámetros establecidos en esta ley, la justicia se verá obligada ante una petición a determinar si es válido o no el indulto presidencial, aunque hayan sido dictadas mediante decretos de fecha anterior a la vigencia de esta ley.
La discusión sobre la derogación de los indultos apareció meses atrás cuando la justicia confirmó la anulación de las leyes de Obediencia y Punto Final e incluso hubo un pronunciamiento de la Cámara Federal que declaró inconstitucionales esos indultos.
Por esa medida, la justicia pudo seguir adelante con su investigación sobre los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército, al declarar inconstitucionales los indultos que beneficiaron, entre otros, a los generales retirados Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ y Jorge Olivera Rovere y a los ya fallecidos José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald.
La posibilidad de que la Cámara baja aborde la derogación de los indultos presidenciales concedidos por Carlos Menem a quienes implementaron el terrorismo de Estado durante la última dictadura comenzó a debatirse a partir de que la Cámara Federal decretó el pasado 8 de julio su invalidez.
