La iniciativa incluye a todos los argentinos y los extranjeros con residencia en la Argentina -en caso de fallecimiento a sus descendientes- que debieron exiliarse por razones políticas entre el 6 de noviembre de 1974, cuando se declaró un estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el nuevo Gobierno democrático.

"El beneficio alcanza a los menores de edad que por razón de persecución de sus padres o sus tutores legales hubieran debido permanecer forzosamente fuera del país, hubieran nacido con anterioridad o en el exilio", señala el primer artículo del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que respeta el texto votado en el Senado.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno, que retomó una iniciativa del salteño Marcelo López Arias, y fue aprobado en marzo pasado en la Cámara alta, donde todos los legisladores presentes votaron favorablemente salvo el radical Rodolfo Terragno, quien se abstuvo porque él mismo fue un exiliado.

En aquella sesión, varios senadores abandonaron sus bancas antes de que comenzara a debatirse el proyecto, entre ellos Eduardo Menem y los tucumanos de Fuerza Republicana, el partido fundado por el ex gobernador de facto y democrático Antonio Domingo Bussi.

Según detalló Susana Gavanelli de COEPRA (Comisión de ex exiliados por razones políticas) a la agencia Noticias Argentinas, "el alto comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) extendió a cuatro mil argentinos el status de refugiado político".

En caso de ser aprobada la iniciativa, que ya fue tratada en las comisiones de Derechos Humanos, de Familia y de Justicia, y aún debe ser analizada en Presupuesto y Hacienda, todos ellos podrán reclamar la reparación al Estado.

El monto de la reparación "será igual a la treintava parte de la remuneración mensual de los agente nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, por cada día que duró el exilio", se indica en el artículo tercero de la iniciativa.

Para poder acceder al beneficio, que implica la renuncia a todo reclamo indemnizatorio por exilio y no es compatible con los pagos a los presos políticos ni desaparecidos, se deberá acreditar la condición de exiliado en el período previsto mediante una certificación extendida por el ACNUR o una resolución judicial del fuero federal.

"Es importante que los hijos de los exiliados nacidos en el exilio puedan reclamar la reparación porque ellos cargan un doble peso: sus madres no pudieron parir en la Argentina porque estaban perseguidas y muchos de ellos son apátridas y deben tramitar la ciudadanía argentina como extranjeros", señaló Gavanelli.

Esta semana pasada, durante el debate en la Comisión de Justicia, el peronista Gerardo Conte Grand manifestó su acuerdo con el proyecto, pero planteó una disidencia en torno al volumen monetario de las indemnizaciones previstas, porque las consideró demasiado elevadas. "Creo que no se ajustan a los criterios de justicia distributiva, porque en la Argentina tenemos al 50 por ciento de la población bajo el límite de la pobreza, un sueldo promedio de 610 pesos y más de dos millones de jubilados que cobran menos de 400 pesos mensuales", evaluó Conte Grand.

Y agregó: "la categoría A tiene ocho grados que van desde los 2.278 a los 4.278 pesos mensuales y eso significa que podría haber indemnizaciones, por todo el período analizado, que irían desde los 292 mil a los 466 mil pesos".

Pero los ex exiliados señalaron, en consonancia con el diputado peronista Angel Baltuzzi, que esos números "son exagerados, porque se toman sobre el total del período comprendido por la ley y sólo deben haber dos o tres personas que puedan reclamar ese monto".