En esta última semana de campañas electorales, a diferencia de las anteriores, en el cronograma de actividades de la Cámara baja no figuran pedidos de sesiones especiales -solicitadas principalmente por la oposición- ni están citadas reuniones de comisiones.

Fuentes parlamentarias reseñaron que la oposición había anticipado que no haría pedidos de sesiones especiales en la semana previa a la elección, ya que la convocatoria iba a coincidir con los actos de cierre de campaña de los diferentes partidos y sería escasa la presencia de legisladores.

El oficialismo tiene decidido avanzar el miércoles 26 con la discusión de la ley de gastos y recursos para 2006 y la prórroga sobre los tributos, que ya está contemplada en el proyecto de Presupuesto del próximo año. Esa intención fue ratificada por el presidente de la comisión de Presupuesto, el jujeño Carlos Snopek, quien adelantó que en la última semana de octubre comenzará la discusión de estos proyectos y reiteró que la voluntad del PJ es poder tratarlos antes del 10 de diciembre, previo a la renovación parlamentaria.

Entre otras cuestiones, el justicialismo también quiere sancionar antes de fin de año los proyectos de promoción de las pymes, el sistema especial para facilitar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos, la reforma de la ley de Tarjetas de Crédito y las modificaciones a la ley Antimonopolio sobre fusiones de grandes empresas.

Además de los proyectos económicos, en la agenda legislativa figuran otras iniciativas como la que habilita a la Justicia a pronunciarse sobre la validez de los indultos otorgados a procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que cuenta con consenso de varios bloques parlamentarios.

Entre los temas pendientes se encuentra también un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara baja y establecer que las votaciones de los proyectos sean nominales, para conocer el sentido del sufragio de cada legislador. En esa misma situación, figura un proyecto para reparar económicamente a los ciudadanos que debieron exiliarse por razones políticas entre el 6 de noviembre de 1975 y diciembre de 1983, que recibió dictamen de la comisión de Justicia dos semanas atrás.

Con menos chance de ser tratada, se encuentra otra iniciativa -que no contaría con el respaldo del Ejecutivo- que propone reducir el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como el proyecto que busca acotar las competencias del máximo tribunal para agilizar su funcionamiento.