Tras conocerse un informe de Transparencia Internacional, que revela que Argentina sigue siendo considerada un país corrupto, en el Senado se reactiva un proyecto sobre el tema.
La difusión del índice de percepción de la corrupción en 2005, elaborado sobre la base de encuestas internacionales que sondearon los niveles de corrupción advertidos en los tres poderes del Estado, volvió a determinar un aplazo para la Argentina, ubicada en el puesto 97 entre los 159 países analizados por Transparencia Internacional.
Más allá que implica una ligera mejora en relación al año pasado, la noticia fue complementaria de otra brindada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), de un banco de datos sobre delitos de corrupción y fraudes económicos.
Según esta ONG, la investigación deparó que sobre casi 750 causas de los fueros penal, económico y penal tributario de veinte jurisdicciones del país, desde 1980 hasta ahora, sólo el 2% de los involucrados fueron condenados (ver recuadro).
El estudio del Cipce muestra que de 221 causas del fuero federal porteño, desde 1991 hasta la actualidad, el 51% está en la etapa de instrucción, mientras que en sólo cinco de ellas se obtuvo condenas.
El objeto del estudio es constituir “un mapa de la criminalidad que facilite el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer el control”. La información reúne datos sobre empresas, bancos, gerentes, funcionarios públicos y del sector privado que estuvieron involucrados en casos de corrupción y delitos económicos, como contrabando, fraudes tributarios y lavado de dinero.
Ambas noticias deberían oficiar de disparador para quienes en el Senado de la Nación, tras el receso electoral, apuestan a cambiar la actual normativa por una más eficiente.
“Voy a insistir todas las veces que sea necesario”. Es una frase que repite a quien quiera oír el senador nacional Juan Carlos Marino, al referirse a su iniciativa tendiente a intentar desalentar a quienes caen en la tentación de la corrupción, a través de un aumento de las penas para los infractores.
El proyecto del legislador pampeano -que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Penales desde mayo último- contempla un aumento de la pena mínima de 2 a 3 años de cárcel para los casos de enriquecimiento ilícito, prohibiendo al imputado el beneficio de la excarcelación.
Por supuesto que su no abordaje en el recinto, que preside Daniel Scioli, despertó diversas suspicacias, en el sentido de que en el bloque del oficialismo que preside Miguel Angel Pichetto no hay voluntad de tratarlo, al menos por el momento.
Voceros del bloque del PJ aseguraron que la demora no obedece a tal motivo, sino simplemente a que la agenda demanda tratar primero otros temas, y que después del receso electoral ese proyecto será considerado, y remarcaron que el despacho de comisión cuenta con la firma de varios de sus integrantes.
Compromiso de lucha
Al ser consultado sobre este tema, Marino rechaza esa tesis y adelanta que bregará por su pronto tratamiento, aunque es consciente de que la campaña electoral es un impedimento ya que la mayoría de los senadores están involucrados en ella en sus respectivos distritos.
Por su parte, el titular de la Comisión de Asuntos Penales, el radical Jorge Agúndez -que se presenta para su reelección por la UCR de San Luis-, dijo que por decisión de los senadores y diputados nacionales de la mayoría de los partidos políticos “se aumentó el castigo para otros delitos, pero no para los de guante blanco”, cuando se aprobó durante 2004 el petitorio impulsado por el empresario Juan Carlos Blumberg.
En ese contexto, como se reflejó en las páginas de Parlamentario en su momento, la oposición rubricó el dictamen favorable en diciembre del 2004, pero no avanzó por no contar con las firmas de los integrantes del PJ, que adujeron que no iban a sancionar leyes por presiones fuera del Congreso.
Meses después -en mayo último- los varones y mujeres del oficialismo de la comisión, Pichetto, María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández, así como la frepasista Vilma Ibarra, ahora militante del Frente para la Victoria que lidera el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, decidieron firmar el dictamen.
Oídos atentos
Según consta en las actas de la comisión, fue invitado a dar a conocer su posición el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien desplegó una serie de argumentos para expresar que no compartía el proyecto.
Garrido, entre otras opiniones vertidas en un escrito que dejó en manos de los miembros de la comisión, enfatizó que la impunidad que se percibe en los delitos de corrupción “no deriva tanto de la escasez de la pena” sino en su falta de aplicación, “debida en gran medida a las trabas procesales que existen en la Justicia”.
El funcionario objetó, además, uno por uno los artículos del Código Penal que propone modificar la iniciativa, y recomendó al Senado “esperar el trabajo de la comisión de juristas” que está trabajando en un cambio integral de la normativa.
La comisión también requirió las reflexiones del jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rosas, quien pergeñó un texto que en sus primeros tramos sostiene que “no es favorable que la respuesta institucional frente a delito en general se centre en el aumento de penas”, si bien consideró razonable algunos puntos del proyecto.
En este sentido, opinó que el aumento de penas en algunos delitos de corrupción “tendrán un efecto indirecto positivo en el alargamiento de los plazos de prescripción de la acción penal”.
No obstante, Ortiz de Rosas se mostró en contra de uno de los puntos principales de la iniciativa: el que modifica los artículos 260 y 261 del Código Penal para castigar a los funcionarios que desvíen fondos destinados a planes sociales. “Parece desproporcionado crear una figura agravada con prisión de uno a cuatro años tomando en cuenta el destino presupuestario (programas sociales) de los recursos aplicados a otros fines”, critica en su escrito Ortiz de Rosas.
Posiciones peronistas
Por su lado, Pichetto y Leguizamón -entre otros legisladores de la comisión- también fijaron sus posturas, a través de un escrito. En la nota, ambos senadores resaltan que el proyecto “no hace gala de un análisis integral de los delitos contra la Administración pública” contenidos en el Código Penal, y que “sólo avanza en el aumento de las penas de determinados artículos”.
Posturas cuestionadas por la oposición, para quienes la conducta del PJ, hasta ahora, es una contradicción con los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y a la adhesión a la Organización Latinoamericana contra la Corrupción y el Desarrollo Económico (OCDE).
Destacan que además que todavía está en la lista de espera del Senado la ratificación a la Convención de la ONU contra la Corrupción, a la cual adhirió el Gobierno, pero que debe ser avalado por ambas cámaras.
Este es el panorama de la iniciativa de Marino y las posiciones del PJ y de los funcionarios consultados por la comisión, y resta entonces esperar para ver si ha llegado el momento en que esta iniciativa deje de ser una mera expresión de deseos y se convierta en un instrumento para combatir uno de los peores males de la democracia.
Las condenas
Aumento de pena mínima de 2 a 3 y máxima de 6 a 8 años de cárcel para los casos de enriquecimiento ilícito, prohibiendo al imputado el beneficio de la excarcelación. También contempla una multa del 50% del valor incautado.
Eleva la pena máxima de 6 a 8 y mínima de 1 a 2 de prisión para los funcionarios que acepten -personalmente o por terceros- un soborno. Incluye la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar un cargo público y aumenta un año más la pena mínima si el implicado fuera el Presidente, el vicepresidente, gobernador, ministro, legislador, intendente o concejal.
Establece una pena mínima de 1 año de cárcel y una máxima de 4 e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena al funcionario que diera una aplicación diferente a los fondos destinados por el Gobierno para planes sociales. También contempla la pena de mínima de 2 y máxima de 10 años de prisión, multa e inhabilitación perpetua al funcionario que sustrajere fondos destinados a los planes sociales.
Eleva la pena máxima de 4 a 6 años e inhabilitación especial al funcionario que, abusando de su cargo, solicite o exija una contribución o dádiva.
