Según el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, para evitar "desequilibrios" en el proceso de juicio político debiera prorrogarse el mandato de los legisladores que actualmente componen la sala juzgadora.

"Sería como una carga pública para quienes les ha tocado la suerte de integrar esta comisión", aseveró el constitucionalista, quien rechazó de plano que la acusación votada ayer contra Ibarra represente "un golpe institucional" porque -argumentó- el procedimiento "respetó todos los pasos legales".

Al plantear que frente al recambio legislativo del próximo 10 de diciembre debiera mantenerse la composición actual de la Sala Juzgadora, Sabsay señaló que, de lo contrario, se estarían "rompiendo los equilibrios" y se violarían "las reglas del debido proceso".

En cambio, su colega Eduardo Barcesat dijo que no ve "ningún óbice en que la actividad se inicie con unos miembros y se continúe con otros" y consideró que una prórroga en los mandatos de los legisladores será "violentar el mandato fijado por la Constitución y no veo que tenga justificación".

"Tengamos en cuenta que si fuese un juicio ante un juez del poder judicial y este fallece, viene otro y lo subsigue y termina la causa y no hay ninguna violación del juez natural de la Constitución", explicó.

En el mismo sentido, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez, consideró que entre los integrantes de la Sala Juzgadora que debiera resolver si se destituye o no a Ibarra, "no podría haber diputados con mandato ya cumplido".

En diálogo con Télam, Ibáñez agregó que "eso impediría que las decisiones tomadas por ese cuerpo pudieran ser atacadas de nulidad una vez que se conociera si el jefe de Gobierno es o no removido de su cargo".

Para el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, si el proceso de juicio político a Ibarra se realiza con "manifiesta arbitrariedad" se podrá presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal de la Ciudad.

"Si hay una remoción de Ibarra que está manchada por una grosera y manifiesta arbitrariedad, basada en el desconocimiento del proceso legal, se puede presentar un recurso extraordinario ante el superior Tribunal de la Ciudad", aseguró el letrado en declaraciones a Radio Rivadavia.

En tanto, Graciela Fernández Meijide -quien se desempeñó como presidenta de la Convención que redactó la Constitución de la ciudad- dijo que "como todo el proceso tuvo una fuertísima connotación política, esta discusión no va a quedar exenta de esos condimentos".

Para la ex frepasista, el proceso estuvo "teñido de intereses mezquinos con poco compromiso con la institucionalidad" y expresó que "ojalá el trámite del juicio político sea rápido para que pueda hacerse antes del recambio, sino todo estará teñido de más politización".

"Quisimos hacer una Constitución lo más moderna posible donde hubiera control sobre el Ejecutivo, pero como se reinterpreta hoy, puede quedar sujeta a intereses políticos de manipulación", dijo Meijide, dejando en claro su oposición a la decisión de iniciar el juicio político contra Ibarra.

Para la titular de Unión por Todos, Patricia Bullrich -que también integró la convención constituyente por el partido Nueva Dirigencia- es "una aberración" plantear que se prorroguen los mandatos de los legisladores que componen actualmente la sala juzgadora.

"El mandato popular tiene fecha de entrada y salida. Los cargos no son personales, son institucionales. Es lo mismo que si un juez tiene un accidente, muere o renuncia; la causa sigue en manos de otro juez", dijo Bullrich.

Para Bullrich, esa propuesta "es un nuevo intento de Ibarra de salvarse frente a una Legislatura más adversa que la actual".

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determina un período máximo de cuatro meses para el proceso de juicio político. Ese plazo comienza hoy y vence el 14 de marzo próximo, y establece que para la destitución definitiva de Ibarra hacen falta el voto positivo de 10 de los 15 miembros que integran la sala juzgadora.

Esta sala será finalmente la que determine si Ibarra debe ser destituido o no a la luz de su desempeño en el marco de la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre último y que ocasionó la muerte a 194 personas. Sin embargo, el proceso enfrenta un vacío legal debido a que ni la Constitución ni las leyes porteñas prevén el caso de que, en el medio de un proceso de juicio político, se produzca un recambio legislativo, como ocurrirá el próximo 10 de diciembre, cuando asuman su banca los legisladores electos el 23 de octubre.