Pese a ello, el justicialista Jorge Capitanich, titular de la comisión de Presupuesto, una de las que integran ese plenario, aseguró que "el tema será tratado y aprobado en la sesión del 23 de noviembre".

El eje central de la norma presentada e impulsada por el Poder Ejecutivo es el incremento del presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento en un lapso de cinco años -desde 2006 hasta 2010-, con lo cual no sólo se pretende incrementar las partidas sino también darle previsibilidad a las erogaciones del sector.

Precisamente el principal punto de disidencia que se mantiene irresuelto reside en el modo de financiar tal aumento: mientras el Gobierno pretende que la Nación se haga cargo del 40 por ciento de los costos y las provincias del 60 por ciento restante, el radicalismo y algunos justicialistas sostienen que la distribución de cargas debería ser 50 y 50 por ciento.

Según explicó la diputada electa por el ARI Marta Maffei, quien también estuvo en la reunión de comisiones, el incremento implicaría en términos absolutos "1.800 millones de pesos, a repartirse 900 millones por cada parte".

Este planteo fue expuesto en la reunión con Filmus, en la que estuvieron Capitanich; por el presidente de la comisión de Coparticipación Federal, el peronista Celso Jaque; y la presidenta de la comisión de Educación, la radical Amanda Isidori, al frente de una delegación que también incluyó a los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, y al justicialista Marcelo López Arias.

Capitanich explicó que "la voluntad del Gobierno es mantener las proporciones 60 y 40 por ciento, ya que implica un incremento respecto de como está ahora, en donde la Nación aporta el 27 y las provincias el 63 por ciento".

No obstante ello, Sanz planteó en el plenario de comisiones que "la asignación no debe hacerse sobre recursos coparticipables sino que debe hacerse la distribución antes de coparticipar". Y agregó que, aún en el caso de que se haga sobre asignaciones específicas, "nos parece de justicia distributiva que los porcentajes se equiparen. Para la Nación significa tan poca plata que no merece mayor discusión".

Esta posición fue respaldada por Morales y el resto de los radicales presentes en el encuentro, así como por López Arias, quien defendió la postura de que el Senado, por ser la representación federal, debería encargarse de defender los intereses provinciales.

Como varios senadores tenían que retirarse del plenario para participar de una reunión de una comisión bicameral, el tema quedó inconcluso y el dictamen sin ser firmado.

Este proyecto fue presentado por el Gobierno durante la última campaña electoral como eje de su política educativa.