El Senado le dio sanción a un "Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades" de la Corte Penal Internacional (CPI), que permite a sus miembros y colaboradores no quedar sujetos a la legislación de los países en los que intervienen.
Esta norma, acordada en 2002, es complementaria al establecimiento del Estatuto de Roma de 1998 que creó la CPI, y busca garantizar condiciones apropiadas para el trabajo de las misiones de la Corte en los lugares en los que debe desempeñarse.
El miembro de informante del proyecto fue el justicialista Eduardo Menem, quien explicó que el acuerdo dado a la CPI "Necesitaba de un acuerdo complementario, para que la Corte pudiera trabajar como corresponde, ajena a las amenazas que pudieran sufrir sus miembros".
Por esta norma se establecen una serie de privilegios e inmunidades judiciales a los miembros de la Corte y a sus colaboradores. "Estas inmunidades van a garantizar que los miembros del tribunal y sus auxiliares puedan cumplir plenamente sus funciones. También alcanza a los testigos", amplió Menem.
Según el senador, estas inmunidades están referidas a las posibilidades de arresto, detención y tráfico de documentación. "Se protege la sede, el pabellón y la comunicación de la Corte, como se hace con las representaciones diplomáticas", completó.
El Senado aprobó además una serie de acuerdos internacionales, entre los que se destacan el de inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en zonas de conflicto, y la convención de la ONU contra la corrupción.