El Senado aprobó y giró a la Cámara de diputados el proyecto oficial de financiamiento educativo, que prevé un aumento progresivo del presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología del actual 4.2 al 6 por ciento en el 2010.
La iniciativa, que aprobó el cuerpo en general por 60 votos y ninguno en contra tras más de cuatro horas de debate, prevé que el Estado aporte para educación en el 2010 alrededor de 53 millones de pesos, lo que equivale al 6 por ciento del PBI.
La norma fue aprobada en general por los 60 legisladores presentes, en una sesión de más cuatro horas y media que tuvo más de veinte oradores y fue presenciada por el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus.
El proyecto establece que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenten la inversión en educación en conjunto entre los años 2006 y 2010 hasta llegar al seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Actualmente, la inversión en educación es del 4,3 por ciento, lo que significan 23 mil millones de pesos. El proyecto estipula que en 2006 la cifra suba a 4,7; en 2007 a 5; en 2008 a 5,3; en 2009 a 5,6; y en 2010 a 6 puntos del PBI, o sea alrededor de 53 mil millones de pesos.
El incremento financiero de la inversión se destinará, según el proyecto, a incluir en el nivel inicial al ciento por ciento de los niños de cinco años de edad y asegurar la incorporación creciente de los de tres y cuatro años; garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria y promover estrategias para garantizar la permanencia escolar en niños de hogares de bajos recursos.
Los puntos en discordia fueron dos: el que se refiere al esfuerzo fiscal que deben hacer la Nación y las provincias y la constitucionalidad del artículo séptimo de la norma, que establece un plazo de cinco años para una asignación de recursos coparticipables para garantizar "condiciones equitativas en el sistema educativo nacional".
Según el proyecto, la Nación mantendrá el esfuerzo coparticipable en el 40 por ciento, mientras que las provincias deben llegar al 60 por ciento. Los radicales y algunos partidos provinciales sostuvieron que debe ser por partes iguales. En ese sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, recordó que en la actualidad el esfuerzo fiscal de cada parte está en un 27 por ciento de la Nación y un 73 por ciento de las provincias.
"La Nación ahora estará haciendo un esfuerzo mayor: lleva sus números hasta el 40 por ciento lo que implica un aumento de más de nueve mil millones de pesos de esfuerzo fiscal y financiero durante los próximos cinco años", resaltó Capitanich.
Por su parte, el jefe de la bancada justicialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, consideró que se trata de una "de las leyes más importantes de este año" y defendió que la Nación hiciera un esfuerzo del 40 por ciento de inversión adicional para el cumplimiento de las metas.
"Si un estado provincial no puede sostener el sistema educativo, entonces tendrá que ser intervenida, porque la Nación está haciendo un gran esfuerzo", sentenció Pichetto.
Asimismo, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la justicialista Cristina Fernández de Kirchner, defendió la constitucionalidad del artículo séptimo de la norma y se trenzó en una discusión con el futuro presidente del bloque radical, el mendocino Ernesto Sanz, quien decía que el "Congreso no puede afectar recursos que de por sí ya le pertenecen a las provincias”.
Por su parte, el radical jujeño Gerardo Morales, tras anunciar el apoyo de su bancada a la iniciativa en general, reclamó que “es justo que el gobierno nacional haga un aporte del 50 por ciento”, al tiempo que llamó a “resolver el grave problema central que es atender la situación de los docentes”.
El punto sobre la igualdad de los esfuerzos fiscales también fue apoyado por el justicialista salteño Marcelo López Arias, por el cordobés del Frente Nuevo, Carlos Rossi, por la tucumana de Fuerza Republicana, Delia Pinchetti, por el socialista Rubén Giustiniani, por el renovador salteño Ricardo Gómez Diez y por el justicialista disidente, Eduardo Menem.
El riojano fue abucheado e interrumpido dos veces por algunos de los que ocupaban las gradas en el recinto cuando defendió la Ley Federal de Educación, sancionada cuando su hermano Carlos era presidente de la Nación.
“Es mentira que las escuelas se hayan transferido sin fondos”, exclamó Menem.
Su contracara fue el socialista Giustiniani, el único que fue aplaudido por las gradas, cuando criticó “la década neoliberal” y ponderó la lucha de los docentes.
El senador radical independiente, Rodolfo Terragno, en cambio, anunció su oposición al artículo 17 de la norma que establece que ante el incumplimiento de las provincias con las normas acordadas, podrá “retener las transferencias de los fondos asignados”.
El proyecto, que fue presentado por el presidente Néstor Kirchner el último 9 de septiembre contempla los siguientes objetivos:
- Incluir en el nivel inicial de escolaridad al 100 por ciento de la población de cinco años de edad, y asegurar la incorporación creciente de los niños de tres y cuatro años.
- Garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria para todos los niños y jóvenes.
- Promover mecanismo de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanecía escolar de niños y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza.
- Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional.
- Expandir la incorporación de tecnologías en las escuelas y extender la enseñanza de una segunda lengua.
- Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo.
- Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles educativos.
- Jerarquizar la investigación científico-tecnológica.