El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto que obliga a toda persona mayor de 18 años a donar sus órganos y tejidos salvo que aclare en forma expresa su negativa, lo que se constituye en un cambio de 180 grados en la legislación actual.
Tras un corto debate el Cuerpo aprobó la norma por 45 votos a favor y ninguno en contra, ante la atenta mirada del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto.
La sesión fue presenciada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por su segunda en la cartera, Graciela Rosso, y por el presidente del Instituto Nacional Coordinador Unico de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti.
La ley determina que toda persona podrá en forma expresa manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo y restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos. Esta alternativa es un camino inverso al que rige actualmente, el del consentimiento explícito, por el que para convertirse en donante las personas deben expresar previamente su voluntad en ese sentido.
Además, establece que "la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz, mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiera manifestado".
Si el fallecido no hubiera dejado constancia documentada de su última voluntad, se le preguntará a los familiares.
En caso de que la persona muerta sea menor de edad, se establece que si no hubiera padres ni representante legal la decisión deberá ser de la justicia de menores.
La titular de la Comisión de Salud y Deporte, la misionera justicialista Mercedes Oviedo, dijo que la "figura del donante presunto no es el eje central de la propuesta legislativa, el eje central es el respeto a la voluntad de la persona en condiciones de donar".
"Los familiares ahora serán convocados como testigos de la voluntad del fallecido. Antes eran llamados a donar. El tema del donante presunto es sincerar toda la opinión de la población", aclaró Oviedo.
Por su parte, la porteña del Frente Grande, Vilma Ibarra, consideró que la ley "se instala dentro de una política global que se lleva a cabo con las provincias, con establecimientos públicos y en marco de nuevas tecnologías en transplantes".
"Esta ley rescata ir a buscar la voluntad real del donante. Rescata que queremos que sea el donante quien dice qué quiere que se haga con su cuerpo después de fallecido", aclaró Ibarra.
Asimismo, el socialista santafesino Rubén Giustiniani dijo que se trataba de un "paso importante" y reconoció que "el país tiene una política correcta de donación de órganos".
La radical chaqueña Alicia Mastandrea, en tanto, les pidió a González García y a Rosso que "en la reglamentación de la Ley se tomen en cuenta las costumbres de los pueblos originarios", debido a que en las reuniones de comisión informativas algunos representantes de indígenas habían previsto la dificultad de incorporar esta política en ciertas comunidades aborígenes.
El riojano Eduardo Menem opinó que "esta ley no va a funcionar si no va acompañada por una fuerte campaña de concientización y de educación".
"Puede ser un camino, pero no va a dar resultado si no va acompañado de amplia campaña de concientización", subrayó Menem.
