Todos las prórrogas fueron defendidas enfáticamente por el kirchnerismo y particularmente por el titular del cuerpo, Alberto Ballestrini, que incluso sostuvo que para prorrogar estos impuestos no era necesario obtener la mayoría absoluta -de 129 votos afirmativos- como señala la Constitución nacional, aunque en casi todos los casos lo lograron.

Primero se prorrogó el impuesto al cheque y Ganancias sobre las exportaciones, que se logró con 172 votos afirmativos, 45 votos negativos y 7 abstenciones.

Luego el oficialismo logró aprobar las prórrogas de Ganancias -logró 128 votos y se dejó constancia de ello a pedido de Elisa Carrió- y Bienes Personales por 129 votos afirmativos, 106 negativos y 2 abstenciones, y mantuvo los mínimos no imponibles para ambos gravámenes, que obligarán a los trabajadores que ganen salarios superiores a 2.235 pesos o tengan propiedades por más de 102.000 pesos a pagar impuestos.

Durante la sesión, que comenzó una hora más tarde del horario previsto y después de intensas negociaciones, los bloques opositores fueron muy críticos con la decisión oficial porque -estos impuestos afectarán a los trabajadores y los sectores medios, que pagarán impuestos a la riqueza-.

Las críticas llegaron desde los bloques de la UCR, el ARI y los duhaldistas de la bancada Peronista Federal. El titular de la Comisión de Presupuesto, el jujeño Carlos Snopek, sostuvo que de no aprobarse estas prórrogas se estaría “impidiendo el funcionamiento del Estado” y se pronuncio en contra de elevar los mínimos no imponibles

En el mismo sentido, se expresó el jefe del bloque oficialista Frente para la Victoria, Agustín Rossi, al subrayar: "El impuesto al cheque podrá o no ser distorsivo pero nadie puede desconocer que es un impuesto que al Estado se le hace difícil reemplazar".

"El Gobierno necesita estos impuestos para seguir sosteniendo el superávit fiscal", agregó Rossi al señalar la importancia de mantener uno de los instrumentos que garantiza el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

Además, Rossi justificó la necesidad de mantener altos los niveles de recaudación y no perder un peso de esa caja al subrayar que la Argentina “es un país en crisis” y para demostrarlo se refirió a los índices de desocupación del 38 por ciento e indigencia del 13 por ciento.

El planteo del oficialismo fue avalado por el socialista Hermes Binner, quien si bien reconoció que el impuesto al cheque es "distorsivo", consideró que "no se puede dejar al Gobierno sin estos fondos".

Radicales, duhaldistas y aristas subrayaron que con el impuesto a las Ganancias “se afectará a unos 700 mil trabajadores que deberán pagar impuestos a la riqueza, mientras el Estado tendrá un millonario superávit fiscal durante 2005”.

La sorpresa la dio el peronista santacruceño Eduardo Arnold, quien rechazó el proyecto oficial y, rompiendo con las ordenes emanadas desde el Gobierno nacional, destacó la necesidad de elevar el mínimo no imponible en Ganancias “tal como se hizo en Santa Cruz”.

En esa provincia se propició el aumento de ese tope y la Legislatura provincial solicitó a los diputados nacionales que voten a favor de la modificación.

-El Gobierno obtendrá este año un superávit fiscal de 22 mil millones de pesos y no necesita este impuesto regresivo que grava al sector del trabajo y no tiene nada que ver con la historia del peronismo ni con las promesas electorales-, dijo el titular del bloque del ARI, Eduardo Macaluse.

Macaluse insistó: “Más allá de los discursos caribeños -en referencia a los vínculos con Venezuela- no hay voluntad política en el Gobierno en modificar un ápice la política fiscal de los 90, que es tremendamente regresiva y apuesta al derrame que nunca se produjo”.

En el mismo sentido que el ARI, el radicalismo, a través de Miguel Giubergia, señaló la necesidad de elevar el tope impositivo para no afectar a los asalariados para que los trabajadores “no terminen pagando un impuesto a la riqueza por el hecho de tener una vivienda”.

“Se trata de una ley que data de 1992 y pregunto cuál fue el incremento de los bienes inmuebles desde ese año y podemos ver que prácticamente cualquier inmueble está en esos valores”, dijo Giubergia y reclamó que el Congreso debata “cuál es la política impositiva, cuál es la política distributiva y cuáles son los intereses que se van a defender”.

Tango Giubergia como el duhaldista Alfredo Atanasof pidieron que la prórroga sea por un año y otra duhaldista, Graciela Camaño, reclamó el aumento del mínimo no imponible porque que de lo contrario unos 700 mil trabajadores que cobran 2.300 pesos serán considerados -ricos-.

“¿Es justo que sigamos poniendo la carga en los que menos tienen?”, preguntó Camaño y en sentido similar se expresó el arista Adrián Pérez al sostener que Ganancias y Bienes Personales son -impuestos a la riqueza que pasaron a afectar a los trabajadores y a la clase media-.

También el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano, atacó la decisión del Gobierno de prorrogar los impuestos sin modificarlos y reclamó que se lleve adelante “un debate sobre la reforma impositiva”.