La noche del 30 de diciembre de 2004 marcó un hito en la historia de la ciudad. Puso en evidencia varias de las falencias de la gestión del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y también de anteriores períodos, y fue el principio de muchas modificaciones, porque encendió la alerta máxima sobre la falta de seguridad y el mal funcionamiento de los controles en la ciudad de Buenos Aires.

Ha pasado un año y muchas cosas han cambiado. No hay dudas de que la tragedia se podría haber evitado y ahorrado la vida de las 194 personas que allí murieron. En estos días en que se cumple el primer aniversario cabe repasar los proyectos aprobados por la Legislatura post Cromañón y aquellas iniciativas que se presentaron con mucho énfasis pero no han sido sancionadas por el cuerpo. También la relación con el Ejecutivo y las diversas consecuencias políticas que terminaron con el alejamiento de muchos legisladores aliados al oficialismo.

El juicio político al jefe de Gobierno, que está en pleno proceso, es un hecho histórico en la vida democrática de la Argentina, y como tal marcó fuertemente la actividad legislativa, que contra todos los pronósticos fue muy activa y fructífera en calidad y cantidad de leyes sancionadas.

Primeros momentos

La Legislatura se comprometió desde un primer momento con este hecho, convocando a sesiones extraordinarias donde se dejó en evidencia las distintas posiciones que marcarían diferencias insalvables en el dictamen de la Sala Acusadora en el segundo semestre.

Los primeros acalorados debates se llevaron acabo a comienzos de enero entre los legisladores que exigían la interpelación al jefe de Gobierno y el oficialismo, que lo quería evitar. Varios legisladores, como Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Martín Borrelli presentaron proyectos donde consideraban que la interpelación era la única herramienta institucional que les permitiría recabar la suficiente información para estar en condiciones de impulsar mejoras a la normativa vigente y saber cuáles eran las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad. Se presumía también que algunos tenían la idea de sacar un rédito político, pero sin embargo en aquella oportunidad no se llegó a los 40 votos necesarios para interpelar a Ibarra. Tras la sesión especial del 7 de enero, el diputado Milcíades Peña pidió la creación de una comisión investigadora del caso, ya que la interpelación no había prosperado. Se sumaron a la iniciativa, pero con diferencias en cómo debía conformarse la comisión, los legisladores Jorge Giorno (Partido de la Ciudad) y Miguel Talento (FpV). La comisión investigadora ad hoc se formó después de mucho debate sobre su integración. “Si querés que algo no funcione, formá una comisión”, solía decir con picardía Juan Domingo Perón, aunque esta vez la comisión funcionó correctamente con un trabajo impecable a pesar de que tuvo que sortear algunos obstáculos, como cuando casi la mitad de sus miembros renunció.

Finalmente, el 28 de enero se llevó acabo la interpelación a Ibarra en la Legislatura, donde el macrismo junto con el interbloque de izquierda interrogó duramente al mandatario, quien aceptó que había falencias estructurales en el sistema de control y habilitación de comercios y locales bailables, pero siempre acusó al sistema de ser culpable de la tragedia.

Las primeras medidas tomadas por el cuerpo legislativo fueron de solicitud de informes al Ejecutivo, exigir la reparación y la ayuda psicológica a los familiares de las víctimas mientras comenzaban las acusaciones al macrismo de encabezar un golpe institucional. Por otra parte, surgían sospechas de pactos políticos entre legisladores de distintos bloques con el Gobierno porteño.

Los diputados macristas Martín Borrelli y Gabriela Michetti presentaron un proyecto de ley de indemnización a las víctimas de Cromañón. Los montos propuestos iban desde los 50 mil a los 300 mil pesos. El Gobierno de la Ciudad ofreció dicha reparación, pero pocos familiares aceptaron.

Contravenciones

Antes de la tragedia se tipificaba como contravenciones el exceso de asistentes a espectáculos; la omisión de recaudos básicos de organización; la utilización de elementos pirotécnicos; los elementos lesivos en espectáculos y la obstrucción de las salidas. Las contravenciones establecidas y las medidas de control y seguimiento sobre los locales bailables eran muy blandas, a pesar de que hubieran alcanzado para evitar la tragedia si se hubieran cumplido.

Por decreto de Ibarra, tras Cromañón se intensificaron las medidas de verificaciones de los locales bailables. En materia de seguridad y habilitaciones, sin duda hay un antes y un después de la tragedia del boliche de Once, ya que la normativa vigente ahora contempla fuertes sanciones y grandes multas, además de rigurosos operativos de control y seguimiento. A su vez, son numerosos y estrictos los requisitos para poder organizar espectáculos o eventos públicos.

La Legislatura ratificó por amplia mayoría los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo para modificar parcialmente la normativa vigente en lo que respecta a la seguridad de los locales bailables.

El período parlamentario comenzó con el tratamiento de los proyectos relativos a evitar otro Cromañón. Las primeras iniciativas presentadas fueron de Enríquez (Juntos por Buenos Aires), Norberto La Porta (Partido Socialista), y Sandra Dosch (Frente Grande). La creación de una comisión revisora de la normativa, la anulación de supuestas ambigüedades, la creación de la figura de técnico de seguridad y la implementación de cambios en los locales eran los puntos sobre los que apuntaban los cuatro proyectos presentados para intentar que no ocurra nunca más una catástrofe de tal magnitud. Luego se sumaron otros proponiendo modificaciones en el Código de Habilitación y Verificación, y a la reforma del Código de Edificación y seguridad en los boliches.

Pero lamentablemente muchos de estos proyectos no han sido tratados en el recinto. ¿Por qué? Se pueden realizar varias lecturas, pero según el diputado Julio Di Giovanni, el juicio político se llevó todas las energías.

Juicio político

En un primer momento, la comisión investigadora ad hoc, presidida por Fernanda Ferrero tras la renuncia devarios legisladores afines al ibarrismo, fue la encargada de realizar toda la recolección de datos, pruebas y testimonios. Toda la documentación pasó a manos de la comisión investigadora permanente, presidida por Marcelo Godoy. Este cuerpo elevó un dictamen de mayoría declarando culpable de mal desempeño de su función a Ibarra, ante la Sala Acusadora. Luego, en un clima tenso, se logró, después de una sesión frustrada por incidentes, reunir los 30 votos necesarios para iniciar el juicio político al jefe de Gobierno.

Este proceso trajo aparejadas varias divisiones de bloques y pases de diputados de uno a otro espacio político. También obligó, por necesidad, a confeccionar el reglamento de la Sala Juzgadora, una deuda desde la primera Legislatura.

“El juicio político no es un juicio con carga penal, el juicio de remoción a funcionarios políticos tiene propósitos políticos, promovido por culpas políticas cuya consideración incumbe a un cuerpo político con efectos políticos”, explicaba el constitucionalista González Calderón.

Deudas pendientes

La mea culpa brilló por su ausencia. La falta de autocrítica por parte de los legisladores y funcionarios del Gobierno porteño es una deuda con la ciudadanía. Los hombres encargados de bregar por el cuidado de los ciudadanos no lo hicieron. Nunca actualizaron normas alejadas de las costumbres de la noche porteña. La diversión nocturna no empieza hasta las 2 o 3 de la mañana, pero el Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente no lo refleja. Los jóvenes parecen ser su enemigo número uno y, si se aplicara el texto, los porteños tendrían que irse a dormir a las 4 de la mañana, porque así lo disponen. Gobierno tras gobierno hablaron de hacer un cambio generalizado, pero hasta ahora sólo se modificaron artículos e incisos puntuales y nunca el origen troncal: su lenguaje está marcado por la última dictadura militar, cuando el Concejo Deliberante estaba cerrado. El Código de Habilitaciones y Verificaciones indicaba un país donde la noche estaba dividida en tres tipos de locales: los cabaret, llamados Clase A; las boites, Clase B; y los incipientes salones, denominados Clase C, en los que habitualmente tocaban bandas para que se bailaran lentos, muy alejados de los actuales pogos. Además, ni en los locales clase A y B pueden entrar mujeres si no están acompañadas por hombres (¿cómo están habilitados, entonces, los locales de strip tease masculino?), en tanto las matinée deberían cerrar a las 22. También el Código de Edificaciones es obsoleto y casi de épocas coloniales. Con la ley de Comunas se espera que se pueda superar la falta de fiscales encargados de controlar los locales y comercios habilitados. Pero declaraciones de un ex diputado ibarrista no se pueden pasar por alto: “Si tardaron tres años en modificar el Código Contravencional no me imagino lo que tardarán en cambiar éstos”.

La sociedad actúa bajo los efectos del miedo y se convierte en una masa amorfa donde los sentimientos dominan las acciones. Una bengala es mal vista en los recitales de rock pero, sin embargo, a un año de la peor tragedia en la ciudad comienza a desvanecer el temor y se empiezan a transgredir los códigos. Los hinchas de fútbol no cambiaron sus hábitos y corren el riesgo de desatar una tragedia todavía peor que Cromañón.

En marzo comenzarán las clases y las escuelas presentan una situación edilicia muy deteriorada.

Si bien las leyes existen deberían aggiornarse y también es función de la Legislatura asegurar que las normas y programas sean implementados por el Ejecutivo, ya que programas sociales y leyes sancionadas por el Parlamento no son ejecutadas.

Ahora bien, cabe pensar que las falencias siguen existiendo, hay deudas pendientes, pero algo ha cambiado: existe una mayor conciencia ciudadana.