El proyecto oficial ya fue debatido la semana pasada por el Senado que lo aprobó y lo giró a Diputados, donde el oficialismo aspira a darle hoy sanción definitiva.

La iniciativa recibió la semana pasada dictamen favorable de las comisiones de Educación -que encabeza la santacruceña Silvia Esteban- y de Presupuesto -que preside el jujeño Carlos Snopek- con el voto favorable del bloque Frente para la Victoria-PJ, mientras que el radicalismo planteó objeciones parciales.

Por su parte, los macristas respaldarán el proyecto oficial para aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología.

El ARI respaldará esta iniciativa pero tiene objeciones porque -según explicó Marta Maffei- "el aumento se diluye con la afectación a ciencia y tecnología y la educación básica pierde importancia".

"Sin embargo, es una mejora, pero hay que ponderar la educación básica, porque sin ella no tiene sentido financiar todo el resto del sistema educativo y científico", señaló Maffei.

Este tema también es discutido por el radicalismo, que cuestiona que las provincias deban hacer el aporte del 60 por ciento del incremento, mientras que la Nación aportará el resto.

"Además, las provincias deben financiar los gastos de capital, que no pueden retrasarse ni postergarse, porque no se puede dejar de pagar, por ejemplo, los salarios docentes", señaló el radical Miguel Giubergia.

El proyecto establece que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenten la inversión en educación, en conjunto, entre los años 2006 y 2010 hasta llegar al seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

El proyecto establece que en 2006 la cifra aumente a 4,7; en 2007 a 5; en 2008 a 5,3; en 2009 a 5,6; y en 2010 a 6 puntos del PBI o sea alrededor de 53 mil millones de pesos, es decir 30 mil millones más que la inversión actual que es de 23 mil millones.

El incremento financiero de la inversión se destinará, según el proyecto, a incluir en el nivel inicial al ciento por ciento de los niños de cinco años de edad. También, la iniciativa oficial busca garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria, promover estrategias para asegurar la permanencia escolar en niños de hogares de bajos recursos y que el 30 por ciento de los alumnos tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa.

Apunta además a universalizar la enseñanza de una segunda lengua, jerarquizar y profesionalizar la carrera docente y mejorar la condición laboral de los docentes y erradicar el analfabetismo, como objetivo central.