El Senado de la Nación le otorgó media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia Económica enviada por el Poder Ejecutivo y giró la norma a la Cámara de Diputados que deberá convertirla en Ley en las próximas horas.
La norma fue debatida durante dos horas y contó con el pleno respaldo de la bancada del oficialismo del Frente para la Victoria/Partido Justicialista y fue rechazada por la mayoría del resto de los bloques.
La prórroga declara la emergencia pública en materia social, sanitaria, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que vencía el 31 de diciembre de 2005, hasta el fin del año próximo.
La Cámara de Diputados trataría hoy en sesión especial la prórroga, ya que el oficialismo no logró incluir el tema en el temario del debate en curso.
El oficialismo no logró esta tarde reunir los tres cuartos de los votos de los diputados presentes en el recinto para habilitar el tratamiento y optó por realizar hoy a las 9 una reunión de la Comisión de Presupuesto para emitir un dictamen sobre la Emergencia Económica y tratarlo en sesión especial. De esa forma, el kirchnerismo deberá -según el reglamento parlamentario- reunir sólo los dos tercios de los diputados presentes en el recinto para habilitar el tratamiento del dictamen.
Habitualmente los dictámenes tardan siete días en incluirse en los temarios de sesiones, porque ese es el tiempo necesario para que el texto tome "estado parlamentario".
El proyecto se basa en el artículo 76 de la Constitución Nacional, y delega al Poder Ejecutivo las facultades para reordenar el sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; reactive el funcionamiento de la economía y mejore el nivel de empleo y distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.
En el Senado, la votación obtuvo 39 votos a favor y 19 en contra, entre los que se contaron el bloque radical, los dos representantes del justicialismo puntano, la frepasista Vilma Ibarra, Carlos Menem, el salteño Ricardo Gómez Diez, la bonaerense Hilda Chiche Duhalde y el radical disidente Rodolfo Terragno.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, defendió la sanción de la prórroga argumentando que el país aún se encuentra en un "estado de necesidad" y agregó que si bien el índice de pobreza pasó del 54 por ciento al 34 por ciento "aún es alto".
Además, puntualizó que si bien la tasa de desempleo bajó del 23 por ciento en 2002, cuando se sancionó la Ley de Emergencia Económica, al actual 10 por ciento, "es indudable que aún sigue alta, lo que amerita la prórroga de esta ley".
"Hemos mejorado la situación, pero inexorablemente es necesario mejorar y corregir algunos indicadores que todavía tienen que seguir consolidándose para salir de esta crisis", consideró el justicialista.
En cambio, el radical jujeño Gerardo Morales se preguntó si era realmente necesario prorrogar toda la norma y consideró que "adoptar medidas para salir de la emergencia es facultar al Poder Ejecutivo para todo".
"El bloque radical le dice que no a esta facultad sin límites", sostuvo Morales y agregó que lo único aceptable en el pedido de la prórroga es el capítulo económico de la norma "para evitar juicios derivados de la decisión del gobierno nacional de pagarle la deuda al Fondo".
Morales consideró que era innecesario seguir declarando la emergencia sanitaria, mencionó que el PAMI estaba en vías de ser normalizado y fustigó duramente que se prorrogue el "régimen de compras y contrataciones para que el Ministerio de Salud compre en forma directa".
El radical disidente Rodolfo Terragno también se opuso a la norma argumentando que "o hay un estado de necesidad y es inexplicable que se le pague al Fondo una deuda inexistente o es inexplicable que no haya estado de emergencia y entonces se están buscando nuevos superpoderes".
El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, también en contra del proyecto, se preguntó "¿cuál es la necesidad de delegar facultades, de otorgar superpoderes? No tiene sentido".