Cruces entre fiscales y defensores

En vísperas del comienzo de las audiencias del juicio político contra el suspendido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, comenzaron los duros cruces entre los acusadores y la defensa del mandatario, a modo de introducción del debate que promete intensificarse a lo largo de los dos meses que durará el proceso.

Por un lado, el principal abogado defensor de Ibarra, Julio César Strassera, aseguró que el jefe de Gobierno "no tiene ninguna responsabilidad" en la tragedia de República de Cromañón, y consideró que se trata de "un juicio inventado" que busca "echar al jefe de Gobierno de cualquier forma".

"La que debía haber investigado era la Sala Acusadora y no investigó nada, sino que hizo propio el informe de la Comisión Cromañón que estuvo presidida por Fernanda Ferrero, ex socia de Eduardo Massera, y la Sala Acusadora estuvo presidida por Santiago de Estrada, ex embajador de la dictadura militar en el Vaticano", sentenció el ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares en declaraciones a un matutino porteño.

Strassera denunció que el juicio que se sigue contra Ibarra es "una maniobra del macrismo" y dijo que "si el resto, que es progresista, se pone de acuerdo con el macrismo y con personeros de la dictadura militar", es un hecho que él no "entiende".

Strassera cargó además duramente contra parte de los familiares de las víctimas, de quienes dijo que "algunos son amenazadores profesionales", y aseguró que durante el juicio tratará de protestar "todo lo posible" cuando no lo dejen hablar.

"No me importa que me insulten. Yo estoy acostumbrado, ya me insultaron bastante los militares en su época y no les hice caso ni tengo temor", afirmó.

Los fiscales del juicio, los legisladores Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto, coincidieron en que Ibarra "debe ser destituído" por su mal desempeño en la tragedia de Once. "Ibarra favoreció un marco de ilegalidad en el que algunos boliches no cumplían con las normas vigentes", señaló Devoto, en coincidencia con San Martino, quien consideró que "hubo boliches que, curiosamente, no eran inspeccionados durante un prolongado periodo de tiempo".

En la misma línea, Enríquez sostuvo que "el día del incendio en Cromañón quedó claro que la administración de Ibarra había abdicado al ejercicio del poder de policía, que -según consideró- es la función principal que debe tener un Estado y que se concentra justamente en el Ejecutivo".

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