En tanto, la primera jornada de audiencias de la Sala Juzgadora que debe resolver el juicio político a Ibarra estará enmarcada por dos movilizaciones que reunirán, por un lado, a los familiares que acusan al funcionario y, por el otro, a quiénes reclaman que no sea destituido. El grueso de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón tiene decidido realizar una vigilia que comenzará hoy por la mañana frente a la Legislatura porteña, mientras que las organizaciones que respaldan a Ibarra convocaron a una concentración para las 18.

Durante la primera audiencia, que comenzará a las 9, los fiscales la reunión con la lectura de los 16 cargos contra Ibarra, quien tomará luego la palabra para presentar su descargo y pedir la nulidad de todo el proceso en su contra, según adelantó el suspendido jefe de gobierno.

Ibarra sostiene que los legisladores cometieron varias irregularidades, entre las que figura la ausencia de votación puntual de los cargos al momento de suspenderlo y cuestiona por "parcial" el documento de la comisión investigadora que presidió la ex diputada porteña Fernanda Ferrero sobre la tragedia.

Las objeciones del funcionario a la utilización de este informe -que contiene unas 17 mil fojas- motivaron esta tarde una reunión de la Sala Juzgadora, que resolvió por unanimidad rechazar ese documento como prueba aunque se acordó recurrir a ese texto, en caso de ser necesario a lo largo del proceso.

La Sala Juzgadora decidió ayer no incluir el denominado "informe Cromañón" en el juicio político, lo cual beneficiará al suspendido jefe de Gobierno en el inicio de la etapa decisiva del proceso. Esto es así porque ese informe resultó muy crítico de la actuación de Ibarra y su administración antes, durante y después del incendio de República Cromañón, por el que murieron 194 personas.

Según establece el Código Procesal Penal en el que se basará el juicio, toda prueba documental que se encuentre en la causa debería ser leída a lo largo del proceso con el pleno de la Sala sesionando. Teniendo en cuenta que el informe, elaborado por una comisión especial de la Legislatura, cuenta con 17 mil fojas, y que la Sala Juzgadora cuenta con sólo dos meses para expedirse, los legisladores rechazaron considerarlo como prueba documental.

No obstante, pese al pedido de Ibarra de dejar el informe completamente de lado, la Sala dejó abierta la posibilidad de que alguna parte muy específica pueda ser utilizada durante el proceso, ante el pedido de alguna de las partes.

Los 15 legisladores integrantes de la Sala decidieron además habilitar en el recinto 60 lugares para que los familiares de las víctimas presencien el juicio, así como permitir el ingreso de 15 allegados a Ibarra.

Además, según informaron fuentes legislativas, el edificio legislativo contará con extremas medidas de seguridad, que incluirán un "triple vallado" que llegará hasta la intersección de Hipólito Yrigoyen y Chacabuco.