El suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, pidió la nulidad del proceso que lleva adelante la Legislatura por "ilegal" y advirtió que se está planteando un "golpe institucional en la ciudad", promovido por el macrismo, aunque la Sala Juzgadora resolvió rechazar ese planteo.
Ibarra ocupó una hora y media para fundamentar el planteo de nulidad que lleva adelante la Sala Juzgadora de la Legislatura y que se centró en la "inexistencia" de votación de los cargos puntuales en su contra al mencionar que sólo se pidió enjuiciarlo por un planteo general de "mal desempeño" y en la inclusión de decisiones de gestión de su primer mandato.
"Debo plantear la nulidad por la inexistencia de votación de cargos, que afecta las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio", sostuvo el suspendido jefe de gobierno, quien alternó las consideraciones procesales con acusaciones políticas, como cuando apuntó contra la oposición, en particular a los sectores aliados al macrismo.
Los tres pedidos de nulidad del juicio político formulados por la defensa fueron rechazados por una mayoría de doce de los quince legisladores que integran el cuerpo, aunque hubo disidencias.
El primer pedido de nulidad, vinculado con la falta de precisión en los cargos contra Ibarra, tuvo dos votos menos, y fue aprobado por diez legisladores, por la abstención de los kirchneristas Sebastián Gramajo y Elvio Vitali.
En tanto, rechazaron el pedido los macristas Daniel Amoroso, Roberto De Stéfano, Marcelo Meis y Silvia Majdalani; Beatriz Baltroc y Héctor Bidonde, del interbloque de izquierda; Florencia Polimeni (monobloque); Facundo Di Filippo y Guillermo Smith (ARI) y el kirchnerista Helio Rebot. Estos diez legisladores, a quienes se agregaron Gramajo y Vitali, votaron por el rechazo de los otros dos pedidos de nulidad: por la inclusión de decisión de gestión del primer mandato de Ibarra y por el cambio de composición de la Sala Juzgadora, configurando los doce votos de rechazo.
El socialista Norberto La Porta, por su parte, votó a favor de hacer lugar a los tres pedidos de nulidad; y la ibarrista Laura Moresi aceptó los dos primeros pedidos, pero se abstuvo en el tercero al alegar que el cambio de composición de la Sala Juzgadora fue votado por la Legislatura.
En tanto, el zamorista Gerardo Romagnoli, quien sólo bajó al recinto para la votación que se realizó a las 21 -dijo que estuvo "todo el día en el despacho siguiendo la sesión por televisión"-, se abstuvo en los tres casos.
Los legisladores atacaron una a una las tres quejas de Ibarra: consideraron que está garantizado el principio de legítima defensa del acusado; que el dictamen de acusación fue presentado correctamente y que el actual mandato de Ibarra es "continuidad" de su primer período en el cargo.
El inicio del tramo final del proceso contra Ibarra fue seguido en el recinto por grupos de familiares de las víctimas, legisladores que no integran la Sala Juzgadora y la mayoría de los miembros del Gabinete de Ibarra, quienes se alternaron en una de las filas superiores.
El presidente de la Sala, Julio Maier, buscó en todo momento controlar el orden dentro del recinto, admitió pocos desvíos al debate y reclamó en forma insistente que se acotaran los tiempos de exposición para prolongar la sesión.
Ibarra cuestionó que la acusación en su contra contuviera fundamentos sobre políticas de gestión de su primer mandato que finalizó en diciembre de 2003, cuando fue reelecto. "Es un golpe institucional pretender debatir un mandato que ya fue discutido por el cuerpo electoral que me reeligió en 2003 con el 53 por ciento de los votos", señaló y lo comparó con "el sueño militar de las décadas del 60 y el 70 que buscó corregir el voto popular", afirmó.
La estrategia de Ibarra -flanqueado en todo momento por sus abogados Julio César Strassera y Julio Golodny- apuntó a rechazar el juicio político en su contra por las fallas de procedimiento: ausencia de votación puntual de los cargos e incorporación de actos de gestión a su actual mandato.
"Es ilegal, contrario a la Constitución y al reglamento", sostuvo Ibarra en el recinto de la Legislatura, mientras tenía sobre sí la mirada de los padres de las víctimas de Cromañón y de los vecinos y militantes que lo respaldan.
"Nosotros estamos actuando con la Constitución en la mano", subrayó del diputado Jorge Enríquez, uno de los tres fiscales del proceso, y acusó a Ibarra de tratar de "desviar el eje de la real discusión, que no es otro que la verdad y la justicia".
"Nunca jamás pueden ponerse a resolución dos dictámenes distintos, porque es contradictorio. Aquí no se hizo lo que tenía que hacerse y eso no fue un error", afirmó Ibarra y agregó: "se hizo intencionalmente, porque ninguno de los dos dictámenes iba a reunir los votos que se necesitaban".
La primera audiencia oral de la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña comenzó por la mañana y después del mediodía pasó a un cuarto intermedio hasta las 15, cuando el debate se reinició con la defensa de Ibarra. Antes de pasar al cuarto intermedio, las partes aceptaron suspender la lectura de las 350 páginas de la acusación, para poder respetar el cronograma original del proceso.
En medio de la lectura de las fojas, el titular del cuerpo, Julio Maier, pidió a la acusación y a la defensa un acuerdo para suspender la lectura porque -según dijo- "no cumple función alguna".
Los fundamentos de los 16 cargos contra Ibarra, elaborados en dos dictámenes, se basan en tres ejes: ineficaz política de control de las actividades comerciales, mal manejo de la emergencia y omisión de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y orden público.
Luego de la exposición de Ibarra y sus defensores, fue el turno de los tres diputados a cargo de la acusación, Jorge Enríquez, Jorge Sanmartino y Tomás Devoto, quienes rechazaron la base de los planteos de nulidad en forma sucesiva.
Enríquez planteó que resulta suficiente la votación general de "mal desempeño del cargo" para dar curso al proceso, y que ese paso "comprende los dos dictámenes" que recomendaron el juicio, durante el funcionamiento de la Sala Acusadora.
"Los dos dictámenes tenían los mismos cargos, sintetizados o desagregados", afirmó Enríquez, mientras que Sanmartino enumeró los votos que recibió el dictamen y Devoto alegó que, al responder los cargos en la etapa previa, Ibarra no cuestionó la inclusión de su primera gestión, por lo que "la nulidad deviene en abstracto".
