Hubo fuertes cuestionamientos al sistema de emergencias de la ciudad

Las graves acusaciones del abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón, a Aníbal Ibarra, y los cuestionamientos al sistema de respuesta a emergencias y de salud porteño marcaron la tercera jornada de audiencias del Juicio Político al suspendido Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Durante su exposición, Iglesias realizó un pormenorizado relato sobre lo que ocurrido la noche de la tragedia de Cromañón y señaló "irregularidades" en la confección de los certificados de defunción, y en la habilitación del boliche El Reventón, que funcionó en el local que luego se convirtió en República de Cromañón. Además, el abogado señaló que durante la búsqueda de su hijo Pedro, quien falleció en la tragedia, no fue asistido por "ningún funcionario" de la comuna.

Iglesias también denunció una supuesta "relación personal" entre Ibarra y el empresario Omar Chabán, algo que fue desmentido en forma categórica por el secretario de Comunicación del gobierno porteño, Daniel Rosso.

El padre de Pedro Iglesias agregó que Ibarra -en sus tiempos de concejal porteño- escribió artículos periodísticos en contra de la clausura del boliche Cemento, también propiedad del empresario detenido.

Por su parte, el principal abogado de Ibarra, Julio César Strassera, aseguró que Iglesias "no aportó ninguna novedad" al declarar frente a la Sala Juzgadora y cuestionó que el letrado "habla sólo para la prensa".

"Eso está en un expediente judicial y si el juez hubiera tenido la más mínima sospecha hubiera llamado a alguien", replicó Strassera.

En su relato, que se extendió por dos horas, Iglesias explicó la situación que atravesó la noche del incendio del boliche y en las horas posteriores hasta dar con el cadáver de su hijo Pedro.

"Todo era como uno se lo podía arreglar, no hubo absolutamente nada, ni siquiera una indicación de adónde teníamos que ir.

Humanidad es algo que faltó toda la noche", enfatizó Iglesias.

El abogado consideró que "el operativo SAME fue desastroso", y aseguró que "quienes conducían las ambulancias decidían a qué hospital ir, no había una orden y los equipos de oxígeno no estaban al 100 por ciento".

Ibarra decidió salir al cruce de los cuestionamientos al sistema de salud y de emergencias y pidió "un reconocimiento" al "eficaz" trabajo del sector médico en la tragedia de Cromañón. En tal sentido se quejó por "la manipulación política desde el primer día en torno a este hecho, que impidió que las instituciones y la sociedad pudieran hacer un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que ese día atendieron esta terrible tragedia, no sólo en la emergencia sino en los días posteriores".

Por la tarde, en la Legislatura, la polémica sobre la atención en los centros asistenciales se instaló cuando Ricardo Righi, padre de una de las víctimas fatales, introdujo una carta de la madre de una de las jóvenes fallecidas, que denunció la falta de mascarillas de oxígeno y la carencia de atención a afectados, que fueron ubicados en un playón del Hospital Penna.

La mujer, Adriana Magnoli, fue citada a declarar y ratificó el contenido de la carta a la vez que mencionó una comunicación telefónica con el director del hospital Penna.

El director del centro de salud, Pablo Saposnik, se presentó ante la Sala de Juzgamiento en forma espontánea y afirmó que en el hospital Penna "no falleció ninguna persona" sino que ingresaron catorce cuerpos sin vida con "certificación judicial" para ser depositados en forma temporaria. Esta afirmación motivó que Righi -quien se encontraba entre el público- se levantara de su silla y lo acusara de mentiroso, porque el certificado de defunción de su hijo Emiliano ante el Registro Civil establece que falleció en el Hospital Penna.

Voceros del gobierno porteño sin embargo, indicaron que ese documento no es un certificado de defunción sino que certifica la existencia de un cadáver y que el familiar de Righi ingresó a ese hospital ya fallecido.

El presidente de la Sala Juzgadora, Julio Maier, pidió que desalojaran a Righi del recinto, quien se retiró gritando amenazas contra Saposnik y señalando que sabía que su hijo ingresó con vida al centro de salud.

Al retomar la declaración, Saposnik ratificó que ingresaron con vida "más de ochenta" afectados por la tragedia de Cromañón, pero que ninguna perdió la vida en el hospital Penna.

Saposnik reiteró: "lo juro, lo perjuro y lo rejuro, no murió nadie. En el Hospital no faltaron insumos".

"La certificación de las muertes dudosas o que se producen fuera del hospital las realiza el médico de policía, no los médicos del hospital", sostuvo Saposnik y no pudo reconocer los nombres de ninguno de las cuatro personas que certificaron la muerte de Righi.

Y al concluir la audiencia, aseguró sentirse " agraviado, insultado y amenazado, y tengo que velar por la integridad de mi familia para evitar algún tipo de problema".

Sobre el comportamiento de Righi, quien fue desalojado del recinto y no podrá volver a presenciar personalmente las audiencias, dijo que entiende que los padres "estén muy exasperados y mal, pero estoy aquí para defender la actuación del personal y no puedo permitir que sea denigrado". Consideró que el médico policial pudo haber mencionado en el certificado la muerte en el hospital, sólo por haber reconocido el cadáver en ese centro de salud. Lo cierto es que el certificado señala que "falleció" en el hospital.

También rechazó que faltara material para atender a los pacientes, refirió que un armario guarda efectos para las emergencias y admitió que hubo afectados en el playón porque estaba rebasada la capacidad de camas, y que fueron ubicados a medida que se desalojaban.

Además, declaró el director general de la Guardia Urbana, Gonzalo Ruanova, quien en el momento de la tragedia se encontraba en un recital organizado por la Secretaría de Descentralización en Villa Devoto y al ser informado del hecho se dirigió hacia el barrio de Once.

Ruanova fue interrogado acerca de las inspecciones catastrales que realizaba en los locales bailables de la ciudad, pero afirmó no recordar el resultado de la inspección en Cemento y en Cromañón.

El director de Guardia Urbana informó que contaba con 130 personas a su cargo, pero que la noche de la tragedia había disponibles 90 y casi 40 estuvieron en el lugar del hecho.

Además, aseguró que en el operativo de emergencia la Policía no realizó un vallado en el lugar del hecho, por lo cual el trabajo se desarrolló en "condiciones muy adversas".

Por su parte, los testigos Ricardo Pérez -inspector- y Heraldo Donnewald (director de la Morgue) no se hicieron presentes, según se informó oficialmente.

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