Por Pablo Winokur

Para qué seguir legislando, revisar leyes y seguir discutiendo sobre problemas que parecen eternos? ¿No hace esto cada vez más engorrosa la legislación argentina? Las preguntas parecen inevitables, y no faltan quienes impulsan cerrar el Congreso o reducirlo. Pero tal posición no contempla un factor esencial: el mundo avanza, los tiempos cambian y esto obliga a rever la legislación periódicamente, para adaptarla al mundo moderno.

El ejemplo más claro es la informática. Hace veinte años la computadora era un elemento de lujo sólo accesible a una elite; una década atrás, recién empezaba a difundirse Internet, el e-mail y las páginas web; hace siete años los celulares eran un artículo suntuario; hace cinco recién empezaba a difundirse la música en formato mp3, y hace apenas dos las cámaras digitales eran casi una curiosidad.

La tecnología avanza más rápido que nuestras sociedades, y a medida que se van popularizando cada uno de estos elementos se hace necesario readaptar las leyes.

¿Debe ser considerada la producción de software como una actividad industrial? ¿Es el mail comparable al correo postal, de modo de gozar de los mismos derechos? ¿De qué manera se puede legislar para proteger a la información digital de los hackers? ¿Cómo evitar que el correo electrónico se llene de basura? ¿Qué perjuicios trae la cámara digital? ¿Qué garantías se deben brindar para promover y agilizar el comercio electrónico?

No tan mal

Los especialistas coinciden en algo: si bien la Argentina está atrasada respecto del mundo en muchas cuestiones, no existe un déficit enorme en materia de legislación sobre nuevas tecnologías.

“Existen algunos baches en cuanto a algunos temas particulares, en especial en lo que hace a comercio electrónico o seguridad informática, pero hay que reconocer que se han visto muchos avances en estos años”, explicó a Parlamentario Matías Schapiro, director de Sappco, una empresa informática que se dedica a exportar software a distintos países del mundo. “Hay que tener en cuenta que todos los días aparecen cosas nuevas, entonces hay que estar muy atento a los cambios, lo cual no siempre es posible”, agregó.

Schapiro no desconoce que en su especialidad -la informática- los tiempos son mucho más vertiginosos que los de la actividad parlamentaria, donde debe primar el debate y el consenso por sobre la celeridad, para conseguir resultados óptimos.

Otros especialistas aseguran que el aspecto al que hay que prestar mayor atención es el de la seguridad informática; y advierten sobre los peligros que la falta de legislación puede traer.

A lo largo de estos años -desde 1995, cuando comenzó a popularizarse el uso de Internet en el país- se han hecho importantes avances: se dictó la propiedad intelectual del software, se permitió el allanamiento del correo electrónico en caso de un procesamiento penal, la ley de firma digital, la que equipara al mail al correo tradicional, libertad de expresión en medios digitales… También hay varias leyes para dotar al Estado de instrumentos electrónicos para perfeccionar su tarea.

Sin embargo, también quedan muchas iniciativas pendientes.

Basura electrónica

Ambas cámaras del Congreso están trabajando actualmente en un mismo tema: el correo electrónico. Mientras la Comisión de Comunicaciones de Diputados está consensuando un dictamen para crear un marco integral regulatorio del e-mail, en el Senado se emitió otro de legislación antispam, de autoría del titular de esa comisión, Guillermo Jenefes, que cayó a fines del año pasado.

En el caso de la Cámara baja se pusieron a consideración de todos los actores involucrados -cámaras empresarias, asociaciones profesionales, ONGs, organizaciones de defensa del consumidor- tres proyectos distintos, aunque de similares características, cuyos autores son los diputados Alfredo Atanasof (PJ-Bs.As.) y Osvaldo Nemirovsci (PJ-Río Negro) y el legislador con mandato cumplido Mauricio Bossa (MC) (UCeDé-Córdoba), ; este último presidente de la Comisión de Comunicaciones.

“Tuve apoyo de veinte organizaciones y críticas de otras veinte”, explicó Nemirovsci respecto de su propuesta, y afirmó que este tema “lleva su tiempo, porque hay que escuchar a todos, pero de todas formas no estamos tan atrasados, porque se ha avanzado en firma digital y protección de software”.

Seguramente el lector habrá recibido mails que dicen que “si un correo tiene la posibilidad de ser removido, no puede ser considerado spam de acuerdo con la legislación vigente”. Pero esa supuesta “legislación vigente” no existe en la Argentina, sino que responde a normativas de otros países del mundo. La idea a través de estas propuestas es poder penalizar el correo basura.

“La conveniencia y eficiencia del correo electrónico está amenazada por el rápido crecimiento del volumen de correos electrónicos comerciales no solicitados o spam, y se estima que asciende a más de la mitad del tráfico total de correos, y el volumen continúa en alza”, explicó por su parte Bossa, al justificar la necesidad de implementar medidas al respecto, ya que “la mayoría de esos correos son fraudulentos o engañosos”.

Las propuestas en cuestión giran básicamente en torno de los siguientes puntos: identificación del correo electrónico “comercial o sexualmente orientado” mediante leyendas que permitan su clara identificación por parte del receptor; la creación de un registro nacional de “no envío de correo electrónico no deseado” y el establecimiento de la categoría “computadora protegida”; autorización a los prestadores de servicios de Internet (ISP) para cobrar por el envío de correos electrónicos comerciales a sus remitentes; y la tipificación de los delitos informáticos relativos al envío de correos electrónicos no deseados.

“Hemos incorporado también previsiones en torno del spam en dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, en el convencimiento de que, en breve tiempo más, seremos inundados de tales mensajes si no actuamos rápidamente”, agregó Bossa.

En el Senado la cosa está más avanzada, según explicó el senador Jenefes a Parlamentario. “La ley vigente no dice absolutamente nada al respecto, con lo cual se ha consensuado un proyecto de ley mío para avanzar sobre esta problemática y pedir que quien envía un mensaje se presente, ponga su domicilio, teléfono, documento de identidad, teléfono y una breve síntesis del mensaje y una forma de desuscribirse”. La propuesta del legislador jujeño es más compacta y precisa, aunque de menor alcance que la de Diputados. Eso sí: equipara al correo electrónico a la correspondencia y se impone a quien incumpla la ley multas de hasta 80 mil pesos.

“Esta normativa cuenta con la oposición o resistencia de los prestadores, pero nosotros consideramos que debemos priorizar el interés de los usuarios”, explicó Jenefes.

– ¿Recibieron presiones de estas empresas?

– No. Pero no están conformes con lo que se está aprobando, y eso me da más seguridad de que vamos por el buen camino.

Nuevos delitos

La legislación antispam o el marco regulatorio del correo electrónico no es el único ni más importante atraso de la legislación respecto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, es el que hoy recibe más atención por parte de las comisiones especializadas.

¿Cuál es el siguiente paso? Según Jenefes, su comisión se dispondrá a tratar normas de comercio electrónico. Nemirovsci, por su parte, insistió en la necesidad de trabajar sobre seguridad informática: “Ya hay marcos, aunque posteriormente van a merecer un capítulo aparte, porque así lo indican los avances”. Hoy, estos temas se trabajan sobre la base de la jurisprudencia.

Jenefes también advirtió la necesidad de legislar sobre los delitos informáticos. “Claro que existe un problema: nosotros somos segunda comisión y todavía no nos llega para tratarlo”, dijo. Hoy los temas de delitos informáticos están cajoneados en las comisiones de Legislación Penal de cada una de las Cámaras. El problema es que también se acumulan allí otros temas muy importantes como la despenalización del aborto, infanticidio, agravamiento de penas o despenalización del consumo de drogas, y entonces la seguridad informática no es prioridad. Sea como fuere, no hay una legislación clara que tipifique el daño que pueden producir los hackers como los que hacen un virus que contamina el sistema cibernético.

Otro tema que aún no fue adecuadamente prohibido es el de la pornografía infantil que circula a través de Internet. En la Cámara alta existe un proyecto a tratarse de la senadora María Cristina Perceval, quien abarca el tema de la pornografía de menores en su totalidad, pero dedica un capítulo especial al tema de la circulación por Internet.

En la Cámara baja existe otra propuesta del radical riojano Julio César Martínez, quien propone elevar las penas para aquellos que difundan este tipo de fotografías. “Más allá de la propuesta, lo que buscamos es insertar una discusión sobre un tema que es cada vez más difícil de detectar”, explicó a Parlamentario el legislador.

Al respecto, las nuevas tecnologías generaron dos posibilidades: la primera es que hoy cualquiera puede publicar fotos sin censura previa ni necesidad de intermediarios, como sí lo requeriría editar una revista; la segunda tiene que ver con el modo en que se sacan esas fotografías. “Antes -explicó Martínez- los delitos de pornografía infantil eran denunciados en su mayoría por las casas de revelado. Hoy ese filtro no existe porque con las cámaras digitales sólo hay que sacar las fotos y subirlas a Internet”.

Otro tema que es bastante reclamado respecto de las nuevas tecnologías es el de la descarga de música en formato mp3. Esto es pedido por las empresas discográficas, pero al cierre de esta edición no había proyectos en ninguna de las dos cámaras, según lo informado por las respectivas comisiones de Comunicación.

¿Está Argentina retrasada respecto de estos temas? “No es el lugar donde más retrasado está el Parlamento”, consideró Nemirovsci. Por su parte, Jenefes señaló: “Estamos tratando de adaptarnos, pero venimos bastante bien. Por ejemplo en materia de celulares y en producción de software estamos por la buena senda”.

“En otros países las legislaciones son mucho más estrictas. Por lo tanto, muchas compañías se quejan pero sus casas matrices están acostumbradas”, concluyó.